«Me vine a la Argentina en azarosas condiciones, en la madrugada del 15 de setiembre (1973), al ser prevenido de que grupos descontrolados trataban de liquidarme», había escrito el general chileno Carlos Prats, excomandante en jefe del ejército y ministro de Salvador Allende. La convulsionada Buenos Aires de los 70 no fue un refugio. Así comienza una nota de Clarín de Buenos Aires publicada en mayo del año 2000, 26 años después del asesinato del excomandante en jefe del Ejército.
Pasó poco más de un año de la llegada, cuando el teléfono de la comisaría 23ª de Palermo sonó, a la 0.50 del 30 de setiembre de 1974. Era un llamado anónimo: «En Malabia 3351 había explotado un vehículo, muriendo sus ocupantes», arranca el informe policial para continuar con una descripción brutal de la escena del atentado en el que Prats, de 59 años, y su esposa, Sofía Cuthbert, de 57, murieron.
Clarín obtuvo en forma exclusiva ese documento, cuyas copias pasaron entonces como material «estrictamente confidencial y secreto» por Interior, Cancillería y finalmente la Embajada chilena, en el marco de las investigaciones del juez en lo Penal Alfredo Nocetti Fasolino. El magistrado dictó el sobreseimiento provisional en la causa al no poder identificar a los culpables.
Hoy, la causa está en manos de la jueza María Servini de Cubría, un proceso legal que salió a la luz pública esta semana con la divulgación de parte del testimonio judicial que Michael Townley, ex agente de la DINA (la disuelta policía secreta pinochetista) y de la CIA, hizo a la jueza argentina. Confesó que él había participado en el crimen de Prats e involucró en el operativo a varios generales chilenos.
En la madrugada del 30 de setiembre de 1974, vecinos de la calle Malabia, a metros de Libertador, aturdidos por una explosión estruendosa que los había arrancado de la cama, miraban atónitos desde los balcones un escenario de terror.
«Efectivamente, un Fiat 125 había sido destruido por un artefacto explosivo«, dice el informe policial. Eran las 3.00 y el auto seguía ardiendo.
«Los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros«, y se observaban «restos calcinados de carne humana», agrega.
Del lado derecho del auto estaba el cuerpo irreconocible de Sofía Prats. «Le faltaban ambas piernas y el brazo izquierda», tenía «varias heridas expuestas y quemaduras en varias partes del cuerpo», se lee en el documento. Y sigue: «Sobre la mitad de la acera y en forma paralela al cordón se encontraba el cadáver de un hombre, con quemaduras».
Del relato policial y del informe del forense se entiende que la explosión había sido brutal y había descuartizado los cuerpos del matrimonio chileno. El portón del garaje del edificio de los Prats «se hallaba hundido hacia adentro. Había en el lugar, además, gran cantidad de vidrios pertenecientes a los edificios inmediatos».
Fue el portero de los Prats quien reconoció los cuerpos, cuyas muertes fueron certificadas horas después en el hospital Fernández. Las conclusiones de la autopsia contenidas en el documento dan cuenta de la ferocidad de la bomba. Sofía Prats «presentaba quemaduras de primer grado y carbonización del cráneo, cara, muslo superior derecho, tórax y abdomen, amputación traumática del brazo izquierdo, destrucción traumática de pelvis y ambos miembros inferiores con amputación».
El general presentaba «quemaduras de cabellos, cejas, pestañas y bigote, destrucción traumática de brazo, antebrazo, mano derecha y del miembro inferior izquierdo», además de contusiones y cortes.
Los Prats habían comentado a algunos de sus vecinos sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre ellos. Así consta en el informe policial que recoge las declaraciones de varios vecinos. Daniel Guillermo Didone, que vivía en un departamento en Malabia 3359, dijo que «en varias oportunidades y desde hace tres meses venían siendo amenazados de muerte en forma telefónica y por escrito». De la misma manera se expresó Carlos Weiss, el portero del edificio donde vivía el matrimonio. Declaró que «la señora Prats en varias oportunidades le comentó que habían sido amenazados de muerte».
María Rufina Leyes, otra vecina de la calle Malabia, no sabía de amenazas. Pero es la única testigo que declara haber percibido que algo no andaba bien esa noche. «El día 29 de setiembre (María Leyes) regresó a su domicilio a las 21.30, llamándole la atención que las luces ubicadas en Cerviño y por Malabia, hasta Libertador, se encontraban apagadas, hecho que no es habitual.» Su encargada también notó el detalle de las luces y se lo comentó.
Los Prats habían salido esa noche a comer con unos amigos. Pasada la medianoche regresaron a su casa. Subieron el auto a la vereda para entrarlo al garaje. El general, al parecer, se bajó del auto para abrir el portón. Su mujer se quedó en el asiento del acompañante.
2008
Ocho años después El País, de España:
La justicia chilena condenó ayer a dos cadenas perpetuas al general retirado Manuel Contreras (1929-2015), ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura, por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires en 1974. Otros siete agentes de la DINA fueron condenados a penas de hasta 20 años de cárcel.
El juez impone penas de cárcel para siete exagentes y la autora material
En un fallo de 506 páginas, el juez Alejandro Solís estableció que el doble crimen, ejecutado mediante una bomba detonada bajo el coche del matrimonio en Buenos Aires, fue perpetrado por la DINA, bajo las órdenes del general Contreras, y ejecutado por agentes de este organismo. Además de las dos cadenas perpetuas, el magistrado dictó una pena de 20 años de cárcel a Contreras como jefe de una asociación ilícita para cometer los asesinatos.
Conocido como El Mamo, el otrora ex hombre fuerte de la dictadura, a quien temían incluso militares de mayor rango y que sólo rendía cuentas en desayunos a diario al exdictador Augusto Pinochet, acumula con esta condena 100 años de cárcel, que se suman a los 289 que han dictado distintos jueces en su contra por otros 25 casos. De ellos, la Corte Suprema ha ratificado 57 años de prisión para el ex jefe de la DINA.
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