Nelson C. Mondaca Ijalba*
Otro motivo de malestar se manifiesta en los ciudadanos chilenos, esta vez, es por el alza de los planes de las Isapres. El reciente lunes de esta semana la Superintendencia de Isapres comunicó oficialmente que cinco instituciones de salud privada subirán el precio de sus planes en un promedio del 5,1%. Concretamente: Cruz Blanca de un 7,7%, Consalud 6,3%., Banmédica con 4,9%, Colmena con un 6,3% y Fusat con un 5,9% (Isapre cerrada).
Conocida la desagradable noticia, la indignación no se hizo esperar. No existe justificación alguna para incrementar los valores de los planes, ya que los servicios médicos siguen en los mismos términos concebidos y pactados por los afiliados. El punto está en que las mencionadas Isapres, dentro de las atribuciones que les faculta la ley en su rol de administradora, sin contemplación de otras normas legales y constitucionales, puede imponer esta alza.
Con la finalidad de no ser injusto, esta problemática debió ser asumida por el último gobierno de Michelle Bachelet, para que el parlamento discutiera un nuevo proyecto de ley en salud pública. Bien, desde hace ocho años que se arrastra éste asunto. Realmente, el poder de “aguante” de los chilenos es de otro mundo y es muy digno de destacar, pues, su mayoría permanece estoicamente soportando esta agresión económica y más abusos discrecionales. Un dato a tener en cuenta, según los expertos, ésta última alza es solamente superada por la del 2008 de un 8,0% y por la del año 2011 de un 6,0%, siendo así, una de la tercera más alta aplicada en los últimos 13 años en este sector.
A medida que la población envejece y en el plano laboral los trabajadores ven decrecer sus ingresos, entonces, por conveniencia y necesidad de contar con prestaciones de salud, obligadamente emigran del sector privado al estatal. La salud concebida con las regulaciones que rigen desde la puesta en marcha y otras leyes como el D.L 3.500/80, en principio alivia la carga del estado, pero a medida que pasa el tiempo, se vuelve una carga más pesada para éste mismo (estado), ya que, debe hacerse cargo de un mayor número de cotizantes en condiciones de salud precarias y crónicas.
Entonces, se repite otra vez la misma vieja historia, tenemos que las ganancias se las llevan las Isapres, mientras que el estado, asume la socialización de las pérdidas tal como pasa con las AFP. Hoy por hoy, del millón y cuarto de cotizantes que están en las Isapres, en el orden del 13%, reclaman en los Tribunales de Justicia por estas alzas. Los únicos caminos que les van quedando a los trabajadores que permanecen en el sector de salud privado, es cambiarse de Isapre, es decir, por una más económica o en su efecto renunciar para optar por Fonasa; un sistema que ya no resiste más.
El actual gobierno en su cuenta pública de junio del 2018, había anunciado un proyecto para reformar las Isapres, frente a estas nuevas alzas reacciona comunicando que próximamente ingresará el citado mensaje al parlamento para su debida tramitación. Hay aspectos generales, en que muy pocos legisladores pueden estar en desacuerdo. La gran mayoría de los chilenos desea poner fin a las preexistencia y carencias. Aquí no se trata de atenuar las desigualdades entre género, que sea integral y compensatorio de los riesgos, de tarifas planas y con lógica de seguridad social.
En tal proyecto se debería incluir, porque es necesario, una reforma tanto al sector privado como público, evitando los desequilibrios entre ambos sistemas. En líneas gruesas y en detalle solamente, se pueda favorecer al sector privado con incentivos que impidan la libre movilidad. Se trata de ir en la dirección correcta, donde, se acompañe la puesta en marcha o de transición de los cambios técnicos y políticos de esta reforma al sistema de salud en Chile sea justo, digno y solidario.
*Nelson C. Mondaca Ijalba
nmonijalba@gmail.com
