El gobierno ultraderechista de Javier Milei envió al Congreso argentino un proyecto de ley con un paquete de medidas y reformas en distintas materias de la administración pública, justicia, interior, medioambiente, salud pública, entre otras cuestiones, denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para La “Libertad de los Argentinos”.
El proyecto de ley, parte de la motosierra política, incluyen la ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Milei el pasado miércoles 20 de diciembre que elimina numerosas leyes y normas con el objetivo de desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas, entre otras cosas.
El proyecto consta de 664 artículos (más anexos) con reformas y medidas, donde declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2025. Una fecha podrá ser prorrogada por dos años.
El artículo 1 del proyecto de ley del anarco economista, tiene como objeto promover la iniciativa privada, el desarrollo de la industria y del comercio, así como limitar y toda intervención estatal que “no sea la necesaria”.
La iniciativa denominada “Ley ómnibus” es un concepto que se utiliza en Argentina para describir normas que contienen muchas reformas que se tratan y se votan todas al mismo tiempo.
A diferencia del DNU, este texto debe ser aprobado por el Congreso de la Nación para que entre en vigor y el partido de Milei (La Libertad Avanza) no cuenta con mayoría en la cámara, 38 diputados de 257.
El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Milei, se pide autorización para privatizar hasta 41 empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles y la agencia de noticias Télam.
También, Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D’Hont (como en Chile) por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que hay en Estados Unidos o Reino Unido.
Y algo que tiene a los gremios en llamas es una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes organicen protestas que “impidan, estorben o entorpecen el funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, con sanciones con entre uno y tres años y medio de cárcel.
La iniciativa planteada por el ultraliberal es crear un examen final para los alumnos que terminen la educación secundaria y que las universidades públicas puedan cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes.
Se deroga la ley que regula el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
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