La abogada y candidata diputada por Tarapacá, aseguró que Chile tiene la capacidad de mantener el apoyo económico durante todo el 2022.
En enero de 2021 eran más de 30 mil los hogares en Tarapacá que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, con la ampliación de la cobertura de personas que se encontraban en el Registro Social de Hogares (RSH), cifra que aumentó en junio, a más de 126 mil familias beneficiadas.
La medida que buscó palear la crisis sanitaria y económica, dejará de pagarse en noviembre (que se pagará en diciembre). Y a pesar de que se registró una caída en la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre de 2021, de acuerdo con la información registrada en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), el desempleo se mantiene en un 8,4% a nivel nacional, junto a la tasa de ocupación informal que llegó al 27,7%.
En Chile, los hogares de menores ingresos gastan casi un 30% de su sueldo en transporte y cerca del 40% en arriendo, mientras que más de la mitad de los trabajadores no les alcanza para sacar a su familia de la línea de la pobreza. Este escenario complica y mantiene con incertidumbre a las familias de la región, considerando que el gobierno descartó extender el beneficio fiscal.
Por ello hablamos con la abogada y candidata a diputada por Tarapacá, Camila Castillo, quien busca llegar al Congreso Nacional, para sumarse a la bancada con sus pares del Frente Amplio.
-¿Cree que el IFE Universal debiese extenderse más allá del mes de noviembre?¿Por cuánto tiempo?
Consideramos fundamental que el Estado, mientras exista una crisis sanitaria en desarrollo y por otra parte, inestabilidad en el mercado laboral, el beneficio económico se mantenga para todas las familias del país por todo el 2022. Además, en lo que concierne a las mujeres, hemos retrocedido al menos en 10 años en participación laboral, cifra que hoy no alcanza al 40%. Esto impacta directamente en la economía familiar.
-El gobierno descartó continuar con el apoyo fiscal, mientras que el ministro de Economía, Lucas Palacios, apuntó un informe de la Universidad Católica que señala que la gente no estaría buscando trabajo al tener beneficios como el IFE.
Sucede que el gobierno del Presidente Piñera ya no nos sorprende. Sus ministros constantemente han tomado acciones contrarias al sentido común de las necesidades de la gente. Recordemos cuando recomendaban levantarse más temprano y sociabilizar en los consultorios. O comprar más flores, porque estaban más baratas. No podemos normalizar estas desafortunadas frases, sino que tener políticas públicas serias, como el ayudar a la ciudadanía y no decir que con 177 mil pesos del IFE Universal, las personas dejarán de buscar trabajo.
-¿Usted cree que es viable extender el beneficio durante el 2022?
Por supuesto, nuestro país genera grandes recursos pese al contexto que atravesamos, como país tenemos capacidad de endeudamiento. El PIB de Chile es el segundo más grande de Latino América en 2021, alcanzando los US$23.868 per cápita, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese sentido, se negoció la partida del próximo año, con un aumento de los recursos de libre disposición que aumentó a US$800 millones y un mejoramiento a los recursos regionales. El presupuesto debiese ser aprobado por la Cámara de diputados y diputadas el próximo lunes 22 de noviembre. Además, medidas como estas deben venir acompañadas de políticas tributarias, como el impuesto a los súper ricos.
-En el eventual gobierno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ¿se fomentará el apoyo a las familias?
No me cabe duda que el próximo gobierno liderado por Gabriel Boric avanzará hacia un Nuevo Chile, que tiene entre sus ejes centrales dar mayor dignidad a las personas y que se ocupará, en los 100 primeros días -como dice el programa-, en fomentar el apoyo económico no solo a las familias, las mujeres, sino que también a las pymes y empresas que han sido duramente afectadas por la pandemia. Por eso se promueve una renta básica universal, la que ha sido respaldada por expertos como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.
