Camila Castillo, abogada feminista y activista de la diversidad, anticipa que en la instalación de la Convención se debe crear un reglamento que garantice la participación de los cabildos. “Es clave que se pueda sesionar al menos una vez en cada región del país, para discutir de cara a la ciudadanía, de lo contrario será un proceso sin legitimidad”, dice con respecto a la itinerancia que debiera considerar el organismo constituyente.
En un apronte a su eventual participación en el órgano encargado de redactar la nueva Constitución, la candidata a constituyente por el distrito 2, Camila Castillo, plantea la importancia de recoger las miradas particulares de cada territorio, para asegurar equidad en la nueva Carta Magna.
De esta manera la abogada, feminista y activista de la diversidad sexual, quien busca ser una de las 155 convencionales constituyentes, definió los ejes iniciales que abordará en su programa y candidatura, los cuales “están determinados por el trabajo territorial ya realizado, sumado a las necesidades regionales que debemos defender”, explica.
Como una candidata que fue la máxima representante regional de Abofem, hasta el año pasado, ¿cómo planea plasmar las demandas del movimiento feminista y las mujeres de su territorio en una nueva Constitución?
– Debemos y tenemos el desafío de construir una Constitución feminista, que se haga cargo de los distintos tipos de violencia que viven las mujeres, sobre todo aquellas que viven en regiones en los sectores más postergados, por eso también el desafío de construir un nuevo modelo socioeconómico con perspectiva de género.
Se requiere que nuestra Constitución, en cada una de sus partes, reconozca los derechos de las mujeres, su autonomía corporal, garantice una prohibición absoluta de discriminación y garantice una vida libre de violencia, procurando eliminar las inequidades presentes actualmente y que condicionan su desarrollo.
¿Qué sucede con las minorías? Por ejemplo, en materias de diversidad sexual…
– Creo que la Constitución debe garantizar la igualdad y no discriminación para todas las personas, sin importar su sexo, situación actual, orientación sexual, nacionalidad, etnia, origen social, entre otros, procurando integrar a estas personas en nuestras decisiones, reconociendo las diferencias que pueda existir, pero garantizándoles el igual acceso a la justicia y derechos.
La corrupción, por otra parte, si bien es un tema en todo Chile, también es una gran preocupación en su distrito…
– Claro que sí, y en ese sentido, la Constitución debe tener dentro de sus pilares el compromiso de luchar en contra de la corrupción y las desigualdades que produce, comprometiendo mayor probidad, transparencia y cuidado de los recursos públicos, sancionando duramente los abusos.
Otro de sus ejes principales son la sustentabilidad y medio ambiente. ¿Qué propuestas podrían ser innovadoras en ese sentido, sobre todo considerando las particularidades de la región?
– Si bien hay muchas propuestas muy buenas en torno a este tema, lo primordial es que se debe asegurar la debida protección de los elementos naturales que permiten la vida, como el agua, el aire, la tierra, además de los animales, con quienes convivimos.
Aparte de esto, y con especial preocupación por el cambio climático, que es una realidad, debe quedar registrada en la nueva Carta Magna el uso de energías limpias y renovables, así como la obligación de que cada proyecto considere en sus evaluaciones al medio ambiente en todos sus aspectos
Y todas estas propuestas, ¿se trabajarían a nivel central o serían enfocadas y aplicadas por cada territorio en particular?
– Eso es un punto muy importante porque toca un aspecto fundamental que debemos discutir en la Convención. Yo estoy convencida que la nueva Constitución debe garantizar la autonomía de cada región, pasar de ser un Estado unitario centralizado en la capital, a uno que transfiera reales facultades a los territorios. Garantizar que los recursos producidos por la región se queden en ella, para que nuestras propias autoridades electas sean quienes definan las prioridades en base a las necesidades locales.
Así, también todas las políticas que se busquen implementar deberán ser discutidas por los mismos territorios y comunidades que afecten.
Además, en cuanto al órgano constituyente, es clave que se pueda sesionar al menos una vez en cada región del país, para discutir de cara a la ciudadanía, de lo contrario será un proceso sin legitimidad. Por eso, los cabildos tienen que ser los protagonistas en la Convención Constitucional.
Por último, ¿qué se puede hacer con los derechos que la gente exige en las calles desde octubre de 2019?
– Para que en la Convención plasmemos efectivamente las demandas de las personas que se han movilizado desde el estallido social, nuestra Constitución debe reconocer la vigencia de los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por Chile y que garantizan contenidos mínimos para asegurar la dignidad de las personas: su alimentación, vivienda, la salud, educación, libertad de trabajo, pensiones dignas y derecho a descanso de nuestros adultos mayores, la protección de la infancia, entre muchos otros.
