En conversación con la Académica e Investigadora, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Arturo Prat, Romina Ramos, quien es vocera de entidades y organizaciones que velan por los Derechos Humanos de migrantes, nos dio a conocer la preocupación que tienen, por falta al debido proceso, en relación a las expulsiones de personas extranjeras, que ha realizado el gobierno.
Y es que distintas instituciones entre las que destacan clínicas jurídicas de universidades de Santiago, el Servicio Jesuita Migrantes y abogados particulares, se organizaron para trabajar ante una eventual expulsión y ya tener los recursos de amparo antes de que las personas sean efectivamente expulsadas.
“Hay varias organizaciones que están trabajando en ese esfuerzo, En el hecho de poner los recursos de amparo, acompañar a las personas en este proceso e intentar de detener estas expulsiones, que es el objetivo, porque nosotros consideramos que son expulsiones ilegales y que vulneran los Derechos al debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, ya que son personas que son notificadas y en plazo máximo de 24 horas son expulsadas. Nosotros como organizaciones, no alcanzamos o las instituciones de justicia no alcanzan a resolver esos amparos”, señaló la Académica.
Además, Romina Ramos fue enfático en señalar que, “a nosotros como organizaciones lo que nos importa, es que creemos que se está utilizando la migración como un arma política, eso nos parece tremendamente grave, los organismos internacionales ya se están pronunciando ante esta situación, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que todas las personas migrantes que tengan medida de expulsión, tienen el derecho a un debido proceso y a presentar los antecedentes y argumentos del ingreso por un paso no habilitado o sus antecedentes familiares”, explicó.
Finalmente, la Abogada señaló que ante una nueva expulsión de migrantes, “vamos a estar en alerta, estamos poniendo los amparos y recabando información”, puntualizó.
