La campaña busca entregar información, sensibilizar a las comunidades, organizaciones y medios de comunicación, para denunciar las violaciones de derechos humanos e irregularidades en procedimientos desde las propias experiencias de las personas afectadas, dando cuenta de las consecuencias del racismo institucional en las familias, comunidades y barrios.
Uno de los argumentos que tienen las Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, es que: “Durante el gobierno de Sebastián Piñera las políticas migratorias han extremado su violencia contra las personas, reforzando el racismo de Estado, expresado en políticas de persecución a través de la fuerza policial, imposibilidad de regularizar las situaciones administrativas, como en discursos discriminatorios, acusadores y revictimizadores en los medios de comunicación tradicionales”.
Vuelos de expulsión
Durante el mes de Abril de este año el gobierno firmó un contrato con Sky Airline para ejecutar un “plan de expulsiones colectivas” de personas migrantes en 15 vuelos,dentro de un lapso de 10 meses. El domingo 25 de abril se llevó a cabo el primero de estos vuelos, con 55 personas expulsadas del país.
Mientras que el domingo 6 de junio, fueron 53 los ciudadanos venezolanos que abandonaron Chile en un vuelo con destino a Caracas. De ellos, 19 lo hicieron por causas judiciales y 34 por “causas administrativas”, pasando por encima del marco internacional de derechos humanos que resguarda, garantiza y protege los derechos de las personas migrantes en todo el mundo.
En este punto, es importante destacar el rol de las organizaciones sociales migrantes y promigrantes, junto a clínicas jurídicas, que se han encargado de interponer decenas de recursos de amparo, en donde varios de ellos se resolverán cuando las personas ya estén en su país de origen.
Campaña
La campaña busca entregar información, sensibilizar a las comunidades, organizaciones y medios de comunicación, para denunciar las violaciones de derechos humanos e irregularidades en procedimientos desde las propias experiencias de las personas afectadas, con el objetivo de poner fin a las expulsiones colectivas y que se instale un proceso de regularización.
