El caso de Martín de los Santos Lehmann, imputado por la brutal agresión a un conserje de 70 años en Vitacura, ha generado una ola de indignación pública no solo por la violencia del hecho, sino también por las aparentes facilidades que ha tenido para eludir la acción de la justicia.
El 17 de mayo, De los Santos golpeó al trabajador Guillermo Oyarzún, provocándole cinco fracturas faciales, la pérdida de visión en un ojo y del sentido del olfato. A pesar de la gravedad de las lesiones, el imputado quedó inicialmente con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
Sin embargo, el 19 de junio —cinco días antes de una audiencia clave donde se le decretaría prisión preventiva— abandonó el país rumbo a Brasil, aprovechando que aún no se le había impuesto la prohibición de salida. Durante la audiencia del 24 de junio, realizada de forma remota, De los Santos mostró una actitud desafiante: vapeó, tomó mate, hizo gestos y llegó incluso a increpar a la jueza, acusándola de ceder ante la presión mediática.
FUERA DE CHILE
“¡Esto no es un Estado de derecho! ¡Yo doy empleo, doy trabajo!”, exclamó mientras se le dictaba la prisión preventiva. Pero para entonces, ya no estaba en Chile. Hoy se encuentra prófugo, con orden de detención vigente y sin claridad sobre un eventual proceso de extradición.
El caso ha sido duramente criticado por la familia de la víctima, que desde un inicio cuestionó la lentitud y la laxitud de las medidas cautelares.
ANTECEDENTES
Además, se ha revelado que De los Santos registra antecedentes por hechos similares de violencia y que su defensa inicial fue abandonada por su abogado, quien renunció por “diferencias irreconciliables”.
La situación ha reabierto el debate sobre el acceso desigual a la justicia, el uso de medidas cautelares en casos de violencia grave y la efectividad de los controles migratorios en procesos judiciales en curso.
