AV
La revelación de que Bernarda Vera Contardo —militante del MIR incluida en el Informe Rettig como ejecutada política en 1973— estaría viva y residiendo en Argentina, ha sacudido los cimientos del relato oficial sobre derechos humanos en Chile. Y aunque el hallazgo merece ser tratado con respeto y rigurosidad, también abre la puerta a un aprovechamiento político que ya comienza a tomar forma.
Desde sectores de derecha, el caso deja entrever como “prueba” de que los informes de verdad y reparación contienen errores graves, e incluso como argumento para cuestionar las indemnizaciones entregadas a familiares de víctimas. Algunos voceros han ido más allá, insinuando que podría haber otros casos similares, sembrando dudas sobre el conjunto de la memoria histórica construida desde 1990.
Pero esta estrategia no es nueva. En dictaduras y democracias frágiles, el hallazgo de una excepción suele usarse para desacreditar el conjunto. Lo que debería ser una oportunidad para revisar con seriedad los mecanismos de registro y reparación, se convierte en munición para el negacionismo, el descrédito institucional y la relativización del horror.
MINISTRO
El abogado Luis Mariano Rendón ha exigido la renuncia del ministro de Justicia por no haber informado antes a la justicia. Mientras tanto, el excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Sandro Gaete, reconoció que el caso era conocido desde 2007, pero no se denunció oportunamente. ¿Omisión? ¿Protección? ¿Temor al impacto político?
