El Colegio de Periodistas de Chile manifestó su más enérgico rechazo ante la solicitud realizada por la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, para intervenir los registros telefónicos de once profesionales de medios. La medida, que buscaba acceder a llamadas, datos de ubicación y tráfico móvil, tenía como objetivo identificar sus fuentes en el marco del “Caso Hermosilla”.
Los periodistas afectados por esta solicitud son: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper) y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper, actualmente en Reportea).
Desde el gremio se calificó esta acción como una “grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando compromisos y garantías internacionales suscritas por el Estado de Chile”. Además, se advirtió que este tipo de medidas vulnera el secreto de las fuentes periodísticas, principio esencial para el ejercicio del periodismo y para el funcionamiento de una democracia sana.
El 4º Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron de forma categórica la solicitud de interceptar teléfonos, argumentando que las y los periodistas involucrados “revisten calidad de terceros o testigos” y que no existía “mínima convicción” de la comisión de un delito que justificara una medida tan invasiva. Esta resolución no solo protege el ejercicio periodístico, sino que reafirma el carácter constitucional del secreto profesional, consagrado en la Ley N.º 19.733.
En el comunicado, el Colegio de Periodistas expresó su total solidaridad con las y los profesionales afectados y reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el secreto profesional y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y oportuna.
