Fundación PRODEMU no nació ayer, ni por moda. Nació en 1990, en el retorno a la democracia, como la primera institución del Estado chileno en hacerse cargo, de manera concreta de las demandas históricas de las mujeres. Durante 35 años ha construido política pública en los territorios, con presencia nacional, con trabajo sostenido y con un compromiso que ningún gobierno había puesto en duda. Hasta ahora!
El punto de quiebre de esta historia también tiene nombre propio. El capricho de Irina Karamanos. Por una decisión personal, ideológica y completamente irresponsable, se eliminó la Dirección Sociocultural de la Presidencia sin estudios, sin evaluación de impacto y sin un plan de transición. Las fundaciones fueron repartidas como paquetes incómodos entre ministerios que no tenían ni recursos, ni estructura, ni voluntad real para recibirlas.
A PRODEMU la enviaron sin financiamiento suficiente, con una dotación de trabajadoras y trabajadores superior incluso a la del propio ministerio receptor. Ese acto arbitrario fue el inicio del desastre. Desde entonces, PRODEMU ha vivido un proceso sostenido de debilitamiento institucional: tres direcciones nacionales fallidas, ausencia total de conducción política y una precarización progresiva de su funcionamiento.
Pero el daño no termina ahí. La otra gran responsable de este colapso es la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. No por omisión ingenua, sino por acciones concretas y plenamente conscientes.
La ministra Orellana firmó un convenio de transferencia para los años 2024–2025 que excluye expresamente los derechos laborales emanados de los contratos colectivos de PRODEMU. Lo hizo sabiendo perfectamente que acababa de cerrar dos procesos de negociación colectiva con ambas organizaciones sindicales de la fundación. No puede alegar desconocimiento. No puede alegar error. Fue una decisión política deliberada.
Lleva más de un año “intentando solucionar” un problema que ella misma creó, mientras la institución se desangra. Y hoy ese desangramiento llegó a un nivel intolerable: no existen las transferencias necesarias para pagar los sueldos de enero, dejando a trabajadoras y trabajadores fuera de la fecha de pago informada. En 35 años de historia institucional, esto jamás había ocurrido. Nunca. Bajo ningún gobierno, bajo ninguna administración.
Y como si todo esto no bastara, esta misma gestión pasará a la historia como la primera que vendió el contrato colectivo de PRODEMU, un instrumento construido durante 29 años de negociación sindical responsable, borrando derechos laborales con una liviandad que resulta ofensiva para cualquier discurso pro trabajadores y feminista que se precie de tal.
Que no intenten relativizarlo: esto no es desorden administrativo, es maltrato institucional. No es una falla técnica, es negligencia política grave. Dos nombres resumen este desastre: Irina Karamanos, por destruir sin medir consecuencias; Antonia Orellana, por administrar, profundizar y legitimar ese daño.
Como Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de PRODEMU no vamos a aceptar el silencio como destino ni la precarización como política pública. Defender PRODEMU es defender la memoria democrática, los derechos laborales y el rol del Estado en la igualdad de género.
Y lo decimos sin rodeos, para que quede registrado:
El daño que esta administración le está causando a PRODEMU no se borra con discursos, ni con feminismo declarativo, ni con excusas tardías.
Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU
Con la Fuerza de Todas y Todos
En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.
