Por el delito de estafa reiterada fueron formalizados por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique el imputado Franco Rossi Rodríguez y otras tres mujeres que durante el año 2022 y 2023 crearon comités de vivienda con la supuesta finalidad de adquirir propiedades sociales apropiándose de unos 145 millones de pesos que aportaron las familias.
En la audiencia de formalización, el fiscal Juan Zepeda explicó que en 2022 el imputado Franco Rossi, utilizando la red social Facebook, donde ofrecía a la comunidad sus servicios de asesoría legal en calidad de “abogado”, convocó públicamente a la conformación de un comité para adquirir viviendas sociales denominado “AKATSUKI”. Al ser conocido en la región por ser hijo de un exsenador, muchas personas confiaron en sus dichos e ingresaron al comité, pagando entre 13 mil y 25 mil pesos por persona para trámites administrativos. Estos montos fueron depositados en las cuentas bancarias de las imputadas Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete —hermana y pareja de Rossi, respectivamente— y Nicole Zerene Sunnah.
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Posteriormente, en noviembre de 2022, el imputado conformó un nuevo proyecto con el mismo objetivo, denominado “Viviendas Sarmenia”. Para ello creó un grupo de WhatsApp con más de 120 personas, a quienes prometió la compra de lotes en playa Sarmenia, que serían subdivididos para la construcción de viviendas. Al igual que en el comité anterior, las víctimas fueron citadas a una notaría para firmar un documento de constitución.
En este proyecto, Rossi solicitó una suma inicial de 600 mil pesos para gestiones administrativas y una segunda suma por un monto similar como adelanto del precio del terreno. Estos dineros también fueron depositados en las cuentas de las coimputadas.
Según el relato fiscal, durante 2023 el imputado comenzó a dar diversas excusas respecto a los retrasos en la compraventa del terreno, lo que generó incertidumbre entre las víctimas. Estas se contactaron con la imputada Camila Eyzaguirre, quien se había presentado como secretaria de Rossi. Ella señaló que había abandonado el proyecto, que había sido pareja del imputado pero ya habían terminado, y que no sabía nada de él ni de los dineros. Posteriormente, las víctimas consultaron en el Minvu, donde se les informó que no era posible construir viviendas en el terreno de la playa, ya que se encontraba en zona de inundación.
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Pese a que las víctimas solicitaron a Rossi un detalle de los dineros recibidos, este nunca entregó la información ni devolvió los montos, que ascendieron al menos a 145 millones de pesos.
En la audiencia, el fiscal Zepeda dio cuenta de las diligencias realizadas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, las que permitieron establecer la dinámica de los hechos y la participación de los imputados.
El juzgado decretó el arraigo de los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días.
