La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó el 3 de febrero de 2026 la absolución del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y de su esposa Anita María Pinochet, en el proceso por lavado de activos y malversación de caudales públicos. El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público, ratificando la sentencia dictada en 2024 por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
Supuestos delitos investigados
El general (r) Fuente-Alba y su cónyuge fueron acusados de haber incrementado su patrimonio mediante operaciones de lavado de activos vinculadas a la malversación de fondos públicos del Ejército. La Fiscalía sostenía que durante su gestión como comandante en jefe (2010-2014) se habrían desviado recursos institucionales para financiar gastos personales y adquisiciones de bienes raíces y vehículos de alto valor.
El Ministerio Público alegaba que el patrimonio del matrimonio no podía justificarse con sus ingresos legítimos, y que existían operaciones financieras sospechosas que configuraban el delito de lavado de activos.
Argumentos de la Corte Suprema
La Corte Suprema concluyó que no se acreditaron los delitos más allá de toda duda razonable. En su resolución, el tribunal señaló:
- “El patrimonio del matrimonio Fuente-Alba–Pinochet ya era considerable antes del período investigado, lo que impide sostener que el incremento patrimonial se debió necesariamente a actos ilícitos.”
- “No se logró superar el estándar de la duda razonable, por lo que corresponde mantener la absolución dictada por el tribunal de primera instancia.”
Asimismo, el fallo descartó que la sentencia anterior hubiera incurrido en errores de derecho o vicios procesales que justificaran su anulación.
Contexto del caso
El proceso contra Fuente-Alba se inició en 2019, en el marco de investigaciones por irregularidades en el uso de gastos reservados del Ejército. Tras varios años de indagatorias, en 2024 el tribunal oral absolvió al matrimonio, decisión que fue apelada por la Fiscalía y finalmente confirmada por la Corte Suprema en 2026.
Con este dictamen, se cierra uno de los casos más emblemáticos sobre presunta corrupción en las Fuerzas Armadas en la última década.
