Llevamos semanas discutiendo el déficit fiscal y la deuda pública en Chile, pero muchas veces estos temas se presentan sin un contexto completo. En los últimos días, el gobierno ha insistido en que logró “estabilizar” la deuda. Pero ¿qué significa realmente “estabilizar” la deuda? Técnicamente, implicaría que el stock no crece en relación al PIB o que los aumentos están bajo control. En la práctica, esta supuesta “estabilización” se explica más por la caída del dólar —que reduce el valor en pesos de la deuda— que por una disminución efectiva del stock.
Vamos a los datos concretos:
- 2022: deuda pública bruta cercana a 116.000 millones de dólares.
- 2025: alrededor de 155.000 millones de dólares.
- Incremento neto: aproximadamente 40.000 millones de dólares.
Comparación con gobiernos anteriores
- Piñera 2: +32.000 millones de dólares (25.000 millones asociados a IFE de emergencia).
- Bachelet 2: +32.000 millones.
- Piñera 1: +13.000 millones.
- Bachelet 1: +4.000 millones.
A diferencia del periodo de pandemia —donde gran parte del aumento se destinó a transferencias directas como el IFE—, el incremento de 40.000 millones en la actual administración parece concentrarse en gasto corriente, con una inversión productiva limitada.
A esto se suma la descapitalización de instrumentos como el FEES, CORFO y otras empresas públicas. Se estima que estos recursos representan al menos 7.000 millones de dólares que pasaron de activos a gasto corriente.
Conclusión técnica
- Los números muestran un crecimiento real del stock de deuda.
- La idea de “estabilización” no refleja reducciones efectivas ni un control estructural.
- La estabilidad presupuestaria requiere políticas claras, disciplina fiscal y uso eficiente de los recursos, no interpretaciones favorables del tipo de cambio ni retórica gubernamental.
En definitiva, la deuda pública chilena sigue aumentando y el desafío es estructural. La evaluación técnica indica que se necesita más que frases efectistas: se requiere un enfoque que combine control del gasto, inversión productiva y financiamiento sostenible para asegurar la salud fiscal del país.
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