El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, endureció su postura frente al proyecto que permitiría conmutar penas a personas mayores o con enfermedades crónicas, advirtiendo que la iniciativa podría beneficiar incluso a Julio Pérez Silva, conocido como el psicópata de Alto Hospicio.
En entrevista con Canal 24 Horas, el ministro calificó el avance del proyecto en el Senado como “una muy mala noticia” y cuestionó que la norma abra la puerta a que condenados por delitos gravísimos accedan a arresto domiciliario. “Permitirá no solo la salida de 300 criminales de lesa humanidad, sino que mayores de 70 años que cometieron delitos graves como violación o asesinos seriales puedan cambiar su pena a un arresto domiciliario. No tiene ningún sentido”, afirmó.
Gajardo fue explícito al mencionar el caso de Pérez Silva, condenado a presidio perpetuo calificado por violar, asesinar y hacer desaparecer a 14 mujeres en Alto Hospicio entre 1998 y 2001. “¿Le diremos a las víctimas del psicópata de Alto Hospicio que podrá cumplir su condena en casa?”, preguntó en pantalla. “¿Queremos que el psicópata de Alto Hospicio termine su pena en su casa? ¿Qué le vamos a decir a las víctimas como país? Es inexplicable”.
PELIGRO
El ministro insistió en que el proyecto “pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad”, señalando que podría beneficiar a un universo de hasta 12 mil condenados, incluidos homicidas, violadores y abusadores sexuales. “Es contrario a lo aprobado en materia de derechos humanos, técnicamente muy deficiente y no establece parámetros claros sobre qué se entiende por enfermedad crónica”, agregó.
El caso de Julio Pérez Silva volvió así al centro del debate legislativo. El asesino serial, detenido en 2001 y condenado en 2004, cumple presidio perpetuo calificado por una serie de crímenes cometidos contra adolescentes y jóvenes de la Región de Tarapacá. Su figura se ha convertido en un ejemplo extremo del tipo de reos que, según el Gobierno, podrían verse favorecidos por la redacción actual del proyecto.
La discusión legislativa continuará con la presentación de indicaciones, mientras el Ejecutivo presiona para que la iniciativa sea rechazada o completamente reformulada.
