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El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron una dictadura que se prolongó hasta 1983. Medio siglo después, ese quiebre institucional sigue siendo una herida abierta en la historia de los argentinos.
El golpe se gestó en un clima de crisis económica, inflación desbordada, conflictos internos en el peronismo y una escalada de violencia política entre organizaciones armadas y grupos parapoliciales. Ese escenario fue utilizado por los mandos militares para presentarse como garantes de estabilidad, con el apoyo explícito de sectores empresariales, parte de la dirigencia política y sectores de la iglesia.
La Junta Militar quedó integrada por el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Massera (Armada) y el brigadier Orlando Agosti (Fuerza Aérea). Bajo su mando se instauró el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, un proyecto que combinó represión sistemática, reestructuración económica neoliberal y control absoluto de la vida pública.
El terrorismo de Estado se convirtió en política oficial. Centros clandestinos de detención, torturas, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y desapariciones forzadas marcaron esos años. Organismos de derechos humanos estiman en 30 mil las personas desaparecidas, cifra que sintetiza la magnitud del plan represivo y la intención de borrar cualquier rastro de oposición. La censura, la intervención de sindicatos, la persecución ideológica y el silenciamiento de la prensa completaron el cuadro de un país sometido al miedo.
ECONOMIA
En paralelo, la economía quedó en manos de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981. Su programa impulsó la apertura comercial, la desindustrialización, la liberalización financiera y un endeudamiento externo sin precedentes. El resultado fue la destrucción de miles de empleos, el cierre de fábricas y la consolidación de un modelo que benefició a grupos económicos concentrados mientras deterioraba las condiciones de vida de la mayoría. La crisis final, marcada por la guerra de Malvinas en 1982 y el colapso económico, aceleró el fin del régimen.
En medio del terror surgió una de las expresiones más potentes de resistencia civil: las Madres de Plaza de Mayo. Desde 1977 comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, exigiendo saber dónde estaban sus hijos. Con pañuelos blancos y una persistencia que desafiaba la represión, transformaron el dolor en acción colectiva y se convirtieron en un símbolo mundial de lucha por la verdad y la justicia.
El retorno a la democracia en 1983 abrió el camino para los juicios a las juntas, la recuperación de la memoria y la construcción de políticas de derechos humanos que hoy forman parte de la identidad argentina. A cincuenta años del golpe, el país sigue debatiendo cómo narrar ese pasado y cómo defender la democracia frente a discursos que relativizan o niegan los crímenes cometidos.
