Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
“El Estado es la gran ficción mediante la cual todos buscan vivir a costa de todos los demás”, Frédéric Bastiat.
La frase es incómoda, pero útil para ordenar un debate que en Chile suele contaminarse de consignas. El Estado no crea riqueza productiva como la crean quienes trabajan, emprenden, invierten o arriesgan capital. Lo que hace, en lo esencial, es recaudar recursos desde la economía real y luego redistribuirlos conforme a prioridades políticas y presupuestarias.
Eso se refleja con nitidez en las cifras. En la ejecución fiscal de 2025, el IVA recaudó $28.549.581 millones y representó cerca de 47,1% de los ingresos netos por impuestos del Gobierno Central. A su vez, el impuesto específico a los combustibles aportó $2.882.309 millones, equivalentes a aproximadamente 4,75% del total. En otras palabras, una parte decisiva del financiamiento estatal sigue descansando sobre el consumo cotidiano de las familias y sobre la movilidad de personas y empresas.
Pero hay una pregunta que rara vez se formula con la misma fuerza: ¿cuánto deja de recaudar el Estado cuando una parte de la economía opera al margen de la ley o de la formalidad?
Aquí sí existe una estimación oficial. El SII sostiene que el peso de la economía informal en la brecha tributaria representa en torno a 0,4% del PIB. Si esa proporción se proyecta sobre el PIB nominal 2025 estimado por Dipres en $338.543 miles de millones, la merma alcanza aproximadamente $1.354.172 millones, es decir, $1,35 billones anuales. Para ponerlo en perspectiva, esa pérdida equivale a casi 47% de lo que rindió en 2025 el impuesto específico a los combustibles, o a cerca de 4,7% de toda la recaudación anual del IVA.
Y si se observa el IVA en particular, la señal es todavía más inquietante. El informe del SII muestra que la brecha total de IVA en 2023 fue de $5.066,2 miles de millones, y que la economía informal explicaba alrededor de 20% de esa brecha. Traducido a dinero concreto, eso significa unos $1.013,24 miles de millones solo en evasión de IVA asociada a la informalidad. No se trata de una fuga marginal ni de un fenómeno pintoresco de esquina. Se trata de un drenaje tributario de escala nacional.
Lo más grave, sin embargo, es que esta economía paralela no vive solo de la oferta: también se sostiene por una demanda social persistente. La encuesta 2025 de la CNC reveló que 90% de los consultados considera que la venta de productos ilegales o falsificados que no pagan impuestos perjudica al país, pero aun así 28% reconoció haber comprado en comercio ambulante durante los últimos tres meses, excluyendo frutas y verduras. Chile condena moralmente este fenómeno, pero una parte significativa también lo financia.
Cuando el análisis baja a las ferias callejeras de toldos azules, el problema deja de ser abstracto. No existe, es cierto, una cifra oficial consolidada para todo Chile. Pero en Barrio Meiggs, el SII informó en julio de 2025 que había identificado cerca de 70 posibles proveedores del comercio informal y que los operativos en terreno derivaron en auditorías por subdeclaración de ingresos con un perjuicio fiscal estimado en más de $9.000 millones. Además, solo en ese sector se detectaron 26 contribuyentes con estructuras tributarias defraudatorias. Eso ya no describe mera subsistencia informal: describe redes de abastecimiento, evasión y ocultamiento con escala empresarial.
Incluso las estimaciones sectoriales permiten dimensionar la magnitud del negocio. Ex-Ante, citando antecedentes levantados en la discusión pública sobre Meiggs, consignó que el arriendo clandestino de espacios para toldos podía llegar a $2 millones mensuales por puestos pequeños, y que 2.000 toldos de ese tipo implicarían por sí solos $4.000 millones mensuales en ingresos por control territorial del espacio público. Aunque esa no sea una cifra oficial de recaudación perdida, sí ilustra con crudeza que detrás del toldo azul no siempre hay un vendedor precario: muchas veces hay una caja paralela, opaca y altamente lucrativa.
Por eso, cuando se afirma que el Estado recauda mucho pero administra mal, el problema no es solo cuánto cobra, sino también cuánto deja escapar. Y ahí, según diversos análisis públicos, el gobierno de Gabriel Boric enfrentó cuestionamientos por su gestión fiscal. No solo por el nivel del gasto, sino por una administración que combinó proyecciones excesivamente optimistas con una capacidad de corrección débil y tardía. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que en 2025 los ingresos efectivos del Gobierno Central fueron 2,0% del PIB inferiores a lo estimado en el informe que sirvió de base para la Ley de Presupuestos, y atribuyó ese desvío a errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos.
Esa mochila cayó sobre la administración de José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo de 2026. A pocos días de iniciado el nuevo gobierno, Reuters reportó un plan de ajuste de casi US$4.000 millones, que incluía US$3.000 millones en recortes generalizados y otro US$1.000 millón en medidas focalizadas, todo ello sobre la base de una estrechez fiscal que ya venía tensionada. A eso se sumó el alto costo político asociado a la crisis de combustibles. Se podrá discutir el estilo, la oportunidad o la profundidad del ajuste, pero no puede negarse que Kast comenzó gobernando con una caja más estrecha que la prometida.
La conclusión es incómoda, pero necesaria. El Estado chileno no genera recursos: los toma de una economía que sí los genera. Y cuando, además de recaudar mucho, tolera bolsones de evasión, comercio informal y control mafioso del espacio público, castiga dos veces al ciudadano formal: primero, cobrándole; segundo, permitiendo que otros compitan sin pagar.
Esa es la paradoja chilena. Se exprime a quienes están en regla, mientras durante demasiado tiempo se dejó crecer una economía paralela que no tributa, no cumple, no rinde cuentas y, aun así, ocupa la calle, vende, distribuye y gana. Parte de la fragilidad fiscal que hoy condiciona al gobierno de Kast no nace solo de la administración anterior, sino también de la incapacidad del Estado, durante años, para enfrentar con decisión una informalidad que le vacía la caja y le erosiona la autoridad.
Al final, la política seria no consiste en prometer más, sino en decir cuánto cuesta lo que se promete y quién terminará pagándolo. Porque el Estado no reparte milagros: reparte recursos que antes extrajo de la sociedad. Y cuando un país se acostumbra a ovacionar ofertas fiscales sin sustento, termina descubriendo —siempre demasiado tarde— que detrás de cada beneficio improvisado venía escondida una nueva carga sobre el trabajo, el consumo, el ahorro o la inversión.
Porque, al final, cuando la política promete lo que no puede financiar, no está ofreciendo justicia: está firmando los impuestos del mañana.
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