Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
“Con la opinión pública, nada puede fracasar; sin ella, nada puede triunfar.”
Abraham Lincoln
Hay leyes que se explican por su contenido y otras que se entienden mejor por el nombre que escogen para presentarse. La llamada Ley de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast pertenece, claramente, a esta segunda categoría. No porque carezca de medidas concretas, sino porque su mayor ambición no parece ser solo reconstruir zonas afectadas, sino ordenar políticamente una nueva etapa del gobierno bajo una palabra virtuosa, emocionalmente eficaz y difícil de rechazar: reconstrucción.
En lo formal, el proyecto contiene medidas reales y relevantes. El Ministerio de Hacienda ha detallado que incluye, entre otras, $400 mil millones adicionales para la reconstrucción tras los incendios, IVA 0% por 12 meses a la venta de viviendas nuevas, un subsidio al empleo formal, agilización de permisos de inversión, eliminación de contribuciones para adultos mayores respecto de su primera vivienda y una rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% para medianas y grandes empresas. Es decir, no estamos ante un eslogan vacío. El problema es otro: la mezcla.
Bajo una misma etiqueta conviven reconstrucción material, política tributaria, señales al empresariado, alivios sectoriales y una apuesta económica de largo alcance. Y allí aparece la primera duda de fondo. Cuando casi todo cabe dentro de una sola ley, la reconstrucción deja de ser un objetivo preciso y pasa a convertirse en un paraguas narrativo. Se reconstruyen viviendas, sí. Pero también se “reconstruye” la inversión, la confianza, la competitividad, el empleo y, en los hechos, la identidad económica del gobierno.
Ese es el punto más delicado de la iniciativa. Una tragedia real y una necesidad urgente pueden terminar funcionando como el envoltorio político de una megareforma tributaria y regulatoria que debería defenderse por sus propios méritos, no por la carga moral de su nombre. Porque una cosa es reconstruir territorios dañados, y otra muy distinta es aprovechar esa urgencia para empujar, al mismo tiempo, una redefinición más amplia del rumbo económico del gobierno.
La cocina previa del proyecto confirma que en La Moneda conocen ese problema. Las gestiones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con partidos, jefes de bancada y parlamentarios oficialistas muestran que esta ley no llega al Congreso como una iniciativa cerrada ni desde una posición de fortaleza. Llega, más bien, como un proyecto que ha debido ser contenido, explicado, corregido y políticamente ordenado antes incluso de su ingreso formal. Las reuniones reservadas, cenas, desayunos y conversaciones sucesivas no fueron meros gestos de socialización: fueron parte de una operación de contención para evitar dudas internas, prevenir descuelgues y alinear a una derecha que también mira esta reforma con reparos.
Ese dato importa. Cuando un gobierno necesita tanto trabajo previo para afirmar a los suyos, es porque sabe que enfrenta una discusión compleja. Y no solo por la oposición. También porque dentro de su propio sector existen inquietudes sobre la amplitud del proyecto y sobre la decisión de presentarlo en un solo texto, mezclando reconstrucción, rebaja tributaria, permisología, beneficios sectoriales y señales de seguridad pública. Más que una ley sectorial, el Ejecutivo parece haber optado por una prueba de mando político.
La oportunidad escogida, además, no es casual. Las encuestas muestran que la economía y el empleo pasaron al primer lugar de las prioridades ciudadanas, con 65% en Cadem, superando a la seguridad, que quedó en 56%. Criteria, a su vez, registra que 64% cree que la prioridad del país debe ser el crecimiento. El gobierno leyó bien ese cambio de clima: entendió que ya no basta con administrar la agenda de seguridad y migración; ahora necesita ofrecer una respuesta económica. El problema es que leer bien la ansiedad ciudadana no equivale, necesariamente, a acertar en la receta.
Porque el mismo clima de opinión que exige crecimiento también pone límites a la narrativa oficial. Criteria mostró que 72% estima que, para lograr mayor crecimiento, se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas, no reducirlos. Es un dato incómodo para La Moneda. La ciudadanía quiere economía, sí, pero no necesariamente una economía conducida desde una rebaja tributaria al gran capital. Allí nace la principal vulnerabilidad política del proyecto.
Kast quiere instalar que crecimiento e inversión pasan por aliviar la carga a las empresas. La oposición, en cambio, buscará instalar que, bajo el nombre de reconstrucción, se está privilegiando a los más fuertes en medio de estrechez fiscal y malestar por el costo de la vida. Ese choque de relatos no será secundario: será el corazón del debate.
Y no es un debate abstracto. Chile no discute esta agenda desde la abundancia. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que la Dipres proyecta para 2026 un déficit estructural de 2,7% del PIB, por encima de la meta vigente de 1,1%, en un escenario de estrés fiscal y escasas holguras. En ese contexto, cualquier rebaja de impuestos no se juzga solo por su elegancia teórica, sino por su costo efectivo, su gradualidad y su capacidad real de traducirse en más inversión, más empleo y más recaudación futura. Una política tributaria puede ser procrecimiento. También puede convertirse en una apuesta cara, incierta y socialmente difícil de defender.
Por eso el debate no debiera reducirse a una caricatura entre “proempresa” y “antimercado”. Chile necesita crecer. Necesita inversión. Necesita empleo formal. Y también necesita reconstruir con rapidez donde hubo devastación. Nada de eso debiera estar en discusión. Lo discutible es otra cosa: si resulta prudente fundir todo eso en una sola ley, en un solo relato y en un solo momento político, como si la urgencia social autorizara a resolver simultáneamente debates distintos, con temporalidades distintas y con legitimidades distintas.
La principal fortaleza comunicacional de esta iniciativa es su nombre. Y su principal debilidad política puede terminar siendo exactamente la misma. Porque si la ley no logra mostrar beneficios visibles, cercanos y socialmente repartidos, la palabra “reconstrucción” dejará de sonar a esperanza y empezará a sonar a coartada. Y cuando eso ocurre, una reforma deja de discutirse por lo que promete y empieza a ser juzgada por lo que esconde.
Como advirtió Abraham Lincoln, ninguna decisión pública prospera sin respaldo del clima social que la rodea. Y eso es precisamente lo que pone a prueba la llamada Ley de Reconstrucción Nacional.
