Ingeniero control gestión UNAP Post. economía y finanzas USACH Observatorio Económico Tarapacá
En regiones como Tarapacá, el debate sobre infraestructura suele centrarse en anuncios, carteras de proyectos o montos comprometidos. Sin embargo, el verdadero problema —y también la principal oportunidad— no está en cuánto se promete, sino en cuánto se ejecuta y cómo se gestiona esa ejecución.
El Ministerio de Obras Públicas de Chile cumple un rol estratégico en el desarrollo regional. No solo construye caminos, obras hidráulicas o infraestructura pública; en la práctica, define condiciones habilitantes para el crecimiento económico, la conectividad y la calidad de vida. En Tarapacá, esto es particularmente crítico considerando la geografía, la presión urbana en Iquique y Alto Hospicio, y las brechas históricas de infraestructura.
Pero el punto de fondo es otro: la brecha entre planificación y ejecución.
A nivel nacional, el MOP administró en 2025 un presupuesto superior a los $5,1 billones, con una ejecución cercana al 44,2% al primer semestre, equivalente a más de $1,6 billones ejecutados. Esto refleja capacidad de inversión, pero también una concentración histórica del gasto en la segunda mitad del año, lo que tensiona la gestión y la calidad de ejecución.
Cuando se observa la realidad regional, el contraste se vuelve más evidente.
En Tarapacá, la Dirección de Obras Portuarias ejecutó en 2025 más de $3.056 millones, fortaleciendo infraestructura costera clave para la actividad productiva. Sin embargo, en paralelo, otros proyectos de vialidad y obras hidráulicas presentan realidades dispares: mientras algunos avanzan con montos superiores a los $3.400 millones ejecutados, otros muestran ejecución marginal o prácticamente nula pese a contar con recursos asignados.
Este contraste no es menor. Refleja un problema estructural: la ejecución no depende solo de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad de gestión institucional.
A nivel agregado, la región ha demostrado que puede ejecutar. El Gobierno Regional alcanzó cerca de un 99% de ejecución presupuestaria en 2025, superando los $68 mil millones invertidos. Esto abre una pregunta evidente: si el sector público regional puede ejecutar con eficiencia, ¿por qué no todos los servicios logran ese estándar?
La respuesta está en la gestión, y esto implica al menos tres elementos centrales.
Primero, control de gestión efectivo. No basta con reportar avances porcentuales; es necesario identificar en tiempo real los cuellos de botella que frenan la ejecución. En distintos momentos del año, direcciones clave han mostrado niveles de ejecución iniciales cercanos al 14%, lo que evidencia la necesidad de un seguimiento más riguroso.
Segundo, coordinación interinstitucional. Una parte relevante de los retrasos no se origina en el presupuesto, sino en permisos, licitaciones o articulación con otras entidades. Sin coordinación política y técnica, los proyectos pierden velocidad y sentido de oportunidad.
Tercero, gestión de riesgos y conflictos. En Tarapacá, cada obra tiene impacto directo en comunidades. Un retraso no es solo un problema administrativo: es un problema social y político que erosiona confianza.
En este contexto, el rol de los equipos directivos regionales es decisivo. No se trata solo de administrar, sino de ordenar la gestión, anticipar conflictos y asegurar que cada peso público se traduzca en infraestructura concreta y oportuna.
Tarapacá no enfrenta un problema de recursos. Enfrenta un problema de gestión que se arrastra por años. Y esa es la diferencia entre una región que ejecuta presupuesto y una región que realmente se desarrolla.
Hoy se abre una ventana distinta. Tarapacá tiene la oportunidad de corregir estas brechas y avanzar hacia un estándar de gestión más exigente, no solo por la disponibilidad de recursos, sino por el enfoque que comienzan a imprimir las nuevas autoridades, el cual pienso que es el camino correcto.
Una mirada que entiende que la infraestructura no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para el crecimiento, la inversión y el desarrollo regional. En esa línea, las propuestas que hoy se impulsan a nivel país por medio del megaproyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast, orientadas a reactivar la economía, fortalecer la inversión y destrabar proyectos estratégicos —todo enfocado en disminuir la tasa de desempleo— generan un marco propicio para que la gestión pública recupere dinamismo y sentido de urgencia.
Si esa visión logra consolidarse, articulando adecuadamente el trabajo regional con estas definiciones de política pública, Tarapacá no solo mejorará sus indicadores de ejecución, sino que podrá proyectarse con mayor fuerza hacia el desarrollo que por años ha estado pendiente. Porque, al final, más que prometer obras, lo que la región necesita —y hoy comienza a vislumbrarse— es una forma distinta de gestionar, donde el crecimiento deja de ser discurso y pasa a ser una realidad tangible.
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