Cientista Político
“Los imperios del futuro serán los imperios de la mente.”
— Winston Churchill
Chile enfrenta una decisión que parece técnica, pero que en realidad es profundamente política. El proyecto de cable submarino asociado a China Mobile, pensado para conectar Valparaíso con Hong Kong, ya no puede ser leído únicamente como una obra de conectividad digital, innovación o infraestructura tecnológica. Tras el reciente movimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos —FCC—, el asunto entra de lleno en el terreno de la seguridad nacional, la política exterior y la soberanía estratégica.
El documento de la FCC es claro en su lógica: Estados Unidos busca impedir que ciertas empresas incluidas en su “Covered List” puedan prestar servicios de telecomunicaciones interestatales bajo autorización general, por considerarlas un riesgo inaceptable para su seguridad nacional. No se trata solo de equipos, antenas o cables. Se trata de quién controla la infraestructura por donde circulan datos, comunicaciones, información sensible y, en definitiva, poder.
Ahí está el punto que Chile no puede seguir mirando con ingenuidad. En el siglo XXI, los cables submarinos no son simples tubos digitales bajo el mar. Son las carreteras invisibles de la economía, la defensa, la banca, el comercio, la investigación, los gobiernos y la vida cotidiana. Por ellos pasa mucho más que internet: pasa soberanía.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a una falsa dicotomía entre estar con China o estar con Estados Unidos. Ese sería un error. Chile debe relacionarse con ambas potencias, defender sus intereses comerciales y preservar su autonomía. Pero autonomía no significa neutralidad pasiva ni ingenuidad diplomática. Autonomía significa decidir con información, con estándares propios, con institucionalidad robusta y con una mirada estratégica de largo plazo.
El problema del proyecto Chile China Express no es simplemente que esté vinculado a una empresa china. El problema es que esa empresa ha sido objeto de cuestionamientos graves por parte de organismos estadounidenses, en un contexto donde Washington está endureciendo su política frente a compañías que considera susceptibles de influencia, presión o control por parte del gobierno chino. Y cuando una potencia como Estados Unidos comienza a cerrar puertas regulatorias, limitar autorizaciones e incluso discutir restricciones de interconexión, el impacto no queda confinado dentro de sus fronteras.
Chile debe entender que una infraestructura digital global funciona por confianza. Si un cable nace bajo sospecha, si sus operadores son cuestionados por un socio estratégico relevante, si su interoperabilidad futura puede verse afectada por vetos, sanciones o restricciones regulatorias, entonces el proyecto carga desde el inicio con un riesgo político y financiero que no puede ser ignorado.
Aquí aparece una lección mayor: Chile necesita dejar de tratar la infraestructura crítica como si fuera solo una carpeta técnica más dentro de un ministerio. La conectividad digital debe ser evaluada con criterios de defensa, ciberseguridad, inteligencia, relaciones exteriores, comercio internacional y protección de datos. No basta con preguntar cuánto cuesta, cuánta capacidad tendrá o qué ruta seguirá. También hay que preguntar quién la opera, bajo qué legislación responde, qué riesgos de dependencia genera, qué pasa ante una crisis diplomática y qué garantías existen frente a eventuales vulnerabilidades.
El contraste con el cable Humboldt, impulsado junto a Google para conectar Chile con Oceanía, no es menor. Ese proyecto aparece como una alternativa menos conflictiva desde el punto de vista geopolítico occidental y permite a Chile consolidarse como nodo digital del Pacífico Sur sin quedar atrapado de manera tan directa en la disputa tecnológica entre Washington y Beijing. Pero incluso allí hay que ser cuidadosos: no se trata de cambiar una dependencia por otra. Se trata de diversificar, regular y elevar el estándar nacional.
Lo más preocupante es que Chile parece haber llegado tarde a esta conversación. Mientras las grandes potencias ya entienden que los datos son poder, que la infraestructura digital es defensa y que la conectividad es influencia, nuestro debate público sigue reaccionando por crisis. Primero se firma, luego se congela. Primero se anuncia, luego se pregunta. Primero se celebra la inversión, luego se descubre el costo estratégico.
Ese método ya no sirve.
Chile necesita una política nacional de infraestructura digital crítica. Una política que establezca criterios objetivos para evaluar cables submarinos, data centers, redes 5G, proveedores tecnológicos, sistemas satelitales y plataformas estratégicas. No desde la paranoia, pero tampoco desde la candidez. El país debe contar con una institucionalidad capaz de decir “sí”, “no” o “sí, pero bajo estas condiciones”, sin depender únicamente de presiones externas o improvisaciones internas.
También se requiere mayor transparencia. Si un proyecto de esta magnitud compromete conectividad internacional, seguridad digital y relaciones diplomáticas, la ciudadanía tiene derecho a conocer sus implicancias generales. No los detalles sensibles, por cierto, pero sí los fundamentos de política pública. ¿Qué evaluó el Estado? ¿Qué riesgos identificó? ¿Qué organismos participaron? ¿Qué estándares de ciberseguridad se exigieron? ¿Qué alternativas existen?
La ofensiva de la FCC no obliga automáticamente a Chile a cancelar un proyecto. Pero sí obliga a Chile a tomarse en serio la pregunta que está detrás del proyecto. ¿Queremos ser un país que simplemente recibe infraestructura digital de quien la financie, o queremos ser un actor estratégico capaz de definir las reglas bajo las cuales se conecta al mundo?
Esa es la verdadera discusión.
El cable chino ya no es solo un cable. Es una prueba de madurez institucional. Es una señal sobre cómo Chile entiende su soberanía en la era digital. Es, además, una advertencia sobre el tipo de mundo que viene: uno donde las fronteras no estarán solamente en la tierra, el mar o el aire, sino también en las redes, los servidores, los datos y los puntos de interconexión.
La pregunta, entonces, no es si Chile debe conectarse al mundo. Debe hacerlo. La verdadera pregunta es bajo qué reglas, con qué resguardos y con qué conciencia estratégica.
En una época donde los datos son territorio, los cables submarinos son infraestructura de poder y la conectividad se ha transformado en influencia geopolítica, la ingenuidad también puede convertirse en una forma de dependencia.
Chile no necesita escoger obedientemente entre Washington y Beijing. Necesita escoger con inteligencia sus propios intereses. Pero para eso debe mirar más allá de la inversión inmediata y entender que cada decisión tecnológica relevante también dibuja una posición en el tablero global.
Si, como advirtió Churchill, “los imperios del futuro serán los imperios de la mente”, entonces Chile debe decidir si quiere ser solo un punto de paso en las redes de otros, o un país capaz de pensar, regular y defender su propio lugar en la era digital.
Porque la soberanía digital no se improvisa cuando la crisis ya estalló.
Se diseña antes, se regula a tiempo y se defiende siempre.
En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.
