El Ministerio de Hacienda no sólo recomendó descontinuar 142 programas sociales, entre ellos el de Alimentación Escolar y el plan Contra el Crimen Organizado. Según la información publicada por CIPER, la cartera también planteó reducir en al menos un 15% el presupuesto de otros 260 programas sociales, una medida que afecta directamente a algunos de los beneficios más masivos del país.
Entre las iniciativas sujetas a recorte se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el gasto en transporte público metropolitano, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles y el Bono Invierno, entre otras líneas de apoyo estatal.
Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast afirmó: “Nosotros no vamos a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. Sin embargo, las recomendaciones de Hacienda —algunas de las cuales requerirán cambios legales— suponen una reducción total de $2,8 billones, de acuerdo con los documentos revelados por CIPER.
El informe forma parte del proceso de preparación del Presupuesto 2027 y de la programación financiera para los años siguientes, y abre un debate de alto impacto político y social debido al alcance de los programas involucrados y a la magnitud del ajuste propuesto.
