El Consejo Regional Tarapacá del Colegio de Periodistas de Chile manifestó su preocupación por el hostigamiento judicial que enfrentan medios regionales, respaldando especialmente a Radio Paulina, mencionada en el diagnóstico nacional sobre acoso judicial a la prensa independiente.
La advertencia surge tras el Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025: “Cartografía del silencio”, elaborado por la Red Voces del Sur, que documentó 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países. El reporte señala que las agresiones contra la prensa ya no se limitan a ataques directos, sino que también se ejercen mediante mecanismos digitales, institucionales, discursivos y judiciales.
En este contexto, el gremio expresó su respaldo a Radio Paulina, destacando que “cuando un medio local enfrenta acciones judiciales que buscan impedir, restringir o condicionar su cobertura sobre hechos de interés público, no solo se afecta a una empresa o a una persona determinada: también se pone en tensión el derecho de la comunidad a estar informada”.
La preocupación se vincula además a acciones judiciales relacionadas con la cobertura del caso que involucra al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira Rivera, quien presentó un recurso de protección contra Marcelo Santibáñez y Radio Paulina. En dicho recurso se solicitó la prohibición de difundir antecedentes de la investigación penal en curso, la eliminación de publicaciones y la abstención de emitir nuevos comentarios.
La presidenta del Consejo Regional, Mackarena Calderón, enfatizó: “Como Colegio de Periodistas somos claros: la honra, la vida privada, la presunción de inocencia, el debido proceso y la reserva legal de investigaciones penales deben ser resguardados. Pero ese resguardo no puede transformarse en una restricción desproporcionada al trabajo informativo de medios regionales, especialmente cuando se trata de hechos de evidente interés público que involucran a autoridades públicas”.
El Colegio de Periodistas reafirmó su compromiso con una prensa libre, responsable y ética, advirtiendo que el desafío democrático está en compatibilizar los derechos individuales con el derecho colectivo a informar y ser informado, evitando que las herramientas judiciales legítimas se conviertan en mecanismos de presión contra la prensa regional.
