Desde la mirada de los mercados, el reciente cambio de gabinete y el avance de la reforma económica permiten dos lecturas distintas, aunque profundamente conectadas entre sí.
La primera tiene relación con el avance de la agenda económica del gobierno. En términos generales, los mercados han reaccionado positivamente, principalmente porque observan que el ministro Quiroz cuenta con un diseño relativamente claro respecto de hacia dónde quiere conducir la política económica. A los sectores de oposición o al propio mercado les podrá gustar más o menos el contenido específico de la reforma, pero existe una línea matriz definida: impulsar una rebaja tributaria relevante para incentivar la inversión y, a través de ello, fortalecer el crecimiento económico. Hay un propósito identificable, una hoja de ruta y un objetivo político‑económico comprensible.
Sin embargo, existe una segunda lectura que probablemente es aún más relevante para los inversionistas y para la ciudadanía: la seguridad.
Para que un proyecto de crecimiento económico funcione, no basta con incentivos tributarios o señales pro‑inversión. También se requiere estabilidad, orden y condiciones mínimas de seguridad pública.
Las empresas viven hoy la misma incertidumbre que enfrentan las familias chilenas. También son víctimas de robos, “portonazos”, crimen organizado y deterioro del entorno urbano. La inseguridad no distingue entre personas naturales o agentes económicos. Y precisamente por eso, el mercado observa con atención lo que ocurre en el Ministerio de Seguridad.
El principal desafío del ministro Arrau y del gobierno no es solamente el cambio de nombre o de figura política al mando del ministerio. El verdadero desafío es presentar rápidamente un plan de seguridad claro, concreto y ejecutable para los próximos años.
Hoy existe una señal política distinta: se nombró a un ministro con mayor peso político y cercano al núcleo presidencial. La ciudadanía no está esperando diagnósticos adicionales; está esperando señales inmediatas de acción, prioridades claras y medidas concretas en el corto, mediano y largo plazo. Porque, finalmente, la seguridad y el crecimiento económico no son agendas separadas. Son dos caras de una misma moneda.
Sin seguridad, la inversión se retrae. Sin seguridad, aumenta la incertidumbre. Sin seguridad, incluso las mejores reformas económicas pierden capacidad de implementación.
La señal de fortalecer el orden público, recuperar la autoridad del Estado y generar condiciones más favorables para la inversión comienza a ser leída positivamente tanto por sectores productivos como por amplios grupos ciudadanos que sienten que Chile necesita volver a tener certezas.
Existe una percepción creciente de que el gobierno del presidente Kast está intentando instalar una conducción más firme, con objetivos más claros y con mayor decisión para enfrentar problemas que durante años fueron relativizados o postergados. Y precisamente ahí podría estar una de sus principales fortalezas: comprender que sin seguridad no hay crecimiento sostenible, y que sin crecimiento tampoco existen recursos para responder adecuadamente a las demandas sociales del país.
El desafío ahora será transformar esas señales en resultados concretos. Si el gobierno logra consolidar una estrategia seria en seguridad, acompañada de incentivos reales a la inversión y al empleo —situación que creo lograrán con certeza absoluta— comenzará una nueva etapa de mayor estabilidad económica y política para nuestro país.
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