“La política es el arte de lo posible.”
Otto von Bismarck
La llamada megarreforma del gobierno de José Antonio Kast ha entrado en su fase más decisiva. No porque haya terminado la discusión, sino precisamente porque ahora comienza la verdadera batalla política: la del Senado. En la Cámara de Diputados, el Ejecutivo logró sortear el primer obstáculo; sin embargo, en la Cámara Alta el escenario es distinto, más estrecho, más territorial y mucho menos disponible para las operaciones rápidas.
El gobierno parece haber entendido que una cosa es aprobar la idea de legislar y otra muy distinta es construir una mayoría política estable para sostener un proyecto de gran envergadura. Por eso, el cambio de tono del ministro del Interior, Claudio Alvarado, no es casual. Al abrirse a extender los plazos de tramitación, el Ejecutivo reconoce que la velocidad puede ser útil para instalar autoridad, pero insuficiente para asegurar gobernabilidad.
La megarreforma ya no se juega solo en el contenido de sus artículos. Se juega en la capacidad del gobierno para ordenar sus propios apoyos, seducir a sectores moderados de la oposición y evitar que el debate quede reducido a una caricatura: reconstrucción nacional versus retroceso social.
En ese cuadro, la ofensiva del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al denunciar un supuesto error de más de US$10 mil millones en la proyección de deuda pública del gobierno anterior, tiene una dimensión que va mucho más allá de lo técnico. Es, ante todo, una pieza de relato político. El mensaje es evidente: la situación fiscal heredada sería más grave de lo informado y, por tanto, las medidas del actual gobierno no solo serían necesarias, sino inevitables.
Ese argumento puede ser eficaz. En política, el sentido de urgencia muchas veces ordena a los propios y presiona a los adversarios. Pero también puede ser riesgoso. Si la controversia fiscal se transforma en una disputa metodológica entre técnicos, exautoridades y asesores, el gobierno podría perder claridad comunicacional. La ciudadanía no siempre sigue los detalles de la deuda, el balance estructural o las transacciones bajo la línea; pero sí percibe cuando una acusación parece fundada o cuando parece instrumental.
Ahí está uno de los dilemas centrales del Ejecutivo: necesita instalar que hay una emergencia fiscal, pero sin que esa emergencia parezca fabricada para justificar una reforma ideológicamente predefinida.
La oposición, por su parte, también enfrenta su propio examen. Su desafío no es simplemente decir que no. Si reduce su estrategia a bloquear la iniciativa, el gobierno intentará instalarla como una fuerza obstruccionista, incapaz de hacerse cargo de los problemas fiscales, económicos y sociales del país. Pero si entra a negociar sin una línea común, corre el riesgo de fragmentarse, abrir descuelgues y entregar al oficialismo la mayoría que necesita.
Por eso la preocupación opositora por mantener la unidad no es menor. En el Senado, cada voto vale más. Cada senador representa una región, una historia política, una red territorial y una presión específica. A diferencia de la Cámara, donde los alineamientos pueden diluirse en bancadas más numerosas, en el Senado los matices personales pesan. Y el gobierno lo sabe.
La estrategia de La Moneda parece apuntar precisamente ahí: separar al Socialismo Democrático del Frente Amplio y del Partido Comunista, abrir conversaciones con senadores moderados, ofrecer espacios de corrección y, eventualmente, construir una mayoría no necesariamente entusiasta, pero sí suficiente. En otras palabras, el gobierno no necesita enamorar a la oposición; le basta con dividirla.
Pero el oficialismo tampoco está libre de tensiones. Las señales de incomodidad desde Chile Vamos y desde senadores independientes muestran que la megarreforma no solo debe cruzar el muro opositor. También debe pasar por la aduana de sus propios aliados. El Senado no opera como una caja de resonancia automática del Ejecutivo. Mucho menos cuando hay intereses regionales, demandas territoriales y cuentas pendientes de trato político.
Ese es uno de los grandes aprendizajes de esta etapa: en el Senado, el poder se negocia de otra manera. No basta con tener un relato nacional. Hay que tener respuestas regionales. No basta con prometer reconstrucción. Hay que explicar quién paga los costos, quién recibe los beneficios y qué territorios quedan dentro o fuera del nuevo diseño.
La Cuenta Pública del 1 de junio aparece, en este contexto, como un hito ordenador. El gobierno buscará llegar a esa fecha mostrando control, conducción y una segunda etapa política tras el ajuste de gabinete. La oposición, en cambio, intentará instalar que la megarreforma mantiene un núcleo regresivo y que el Senado debe actuar como contrapeso institucional.
La disputa, por tanto, no será solo legislativa. Será narrativa.
Para el gobierno, la palabra clave será responsabilidad: responsabilidad fiscal, responsabilidad económica, responsabilidad frente a una deuda que —según su diagnóstico— amenaza con superar los límites prudentes. Para la oposición, la palabra clave será protección: protección de derechos sociales, de políticas públicas sensibles y de sectores que podrían verse afectados por un ajuste presentado como reconstrucción.
En medio de ambas narrativas, la ciudadanía observará algo más simple: si la política es capaz de producir acuerdos o si volverá a encerrarse en una guerra de trincheras.
La megarreforma tiene, entonces, una doble condición. Es un proyecto de gobierno, pero también una prueba de gobernabilidad. Si el Ejecutivo logra aprobarla con acuerdos amplios, podrá presentar una victoria política mayor: no solo habrá ganado una votación, sino que habrá demostrado capacidad de conducción. Si la aprueba por la cuenta mínima, con artículos debilitados y aliados tensionados, la victoria podría tener sabor a fragilidad. Y si fracasa, la oposición celebrará, pero también deberá explicar qué alternativa ofrece frente al escenario fiscal y económico que el gobierno ha puesto sobre la mesa.
En política, ganar no siempre significa avanzar. A veces, ganar por poco puede abrir más problemas que perder con claridad. Esa es la encrucijada de la megarreforma: el gobierno necesita votos, pero sobre todo necesita legitimidad. La oposición necesita unidad, pero también propuesta. Y el Senado, una vez más, aparece como el lugar donde las grandes mayorías prometidas en campaña se encuentran con la realidad dura de la política institucional.
La megarreforma ya dejó de ser solo una iniciativa legislativa. Se convirtió en el primer gran test de poder del gobierno de Kast. Y en ese examen, el resultado no dependerá únicamente de los números fiscales ni de las declaraciones públicas. Dependerá de algo mucho más antiguo y mucho más difícil: la capacidad de transformar una mayoría circunstancial en una mayoría política.
Base informativa: notas analizadas sobre proyección de deuda pública, estrategia opositora en el Senado y nueva etapa de negociación del Ejecutivo.
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