Cuando hablamos de flexibilidad laboral, en el fondo hablamos de la capacidad que tienen trabajadores y empresas para adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades reales de cada uno. Y eso puede manifestarse de distintas formas: jornadas más adaptables, teletrabajo, esquemas híbridos, funciones dinámicas o incluso sistemas por horas.
No se trata simplemente de “trabajar menos” o de eliminar derechos laborales, como muchas veces se caricaturiza el debate. Se trata de reconocer que el mercado laboral cambió y que el modelo tradicional —jornada completa, presencialidad obligatoria y horarios rígidos— ya no responde a la realidad de millones de personas.
La falta de flexibilidad tiene costos concretos. Para las empresas, significa menor productividad y menos capacidad de adaptación. Una organización que no puede ajustar horarios, funciones o modalidades de trabajo pierde eficiencia operativa y competitividad.
Pero el problema más profundo está del lado de las personas. La rigidez laboral termina expulsando del mercado justamente a quienes más dificultades tienen para insertarse: mujeres, jóvenes y adultos mayores.
En el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo supera ampliamente el promedio nacional y ronda el 22%, mientras la desocupación general se ubica cerca del 8%. Muchos estudian, necesitan horarios parciales o requieren compatibilizar distintas actividades, pero la legislación laboral chilena sigue diseñada para un trabajador de hace décadas.
Con las mujeres ocurre algo similar. Son ellas quienes continúan asumiendo mayoritariamente las labores de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. En promedio, destinan más de tres horas adicionales al día respecto de los hombres a este tipo de tareas. Sin esquemas flexibles, muchas simplemente no pueden ingresar o mantenerse en el mercado laboral formal.
Y los adultos mayores enfrentan otra realidad compleja. Una parte importante de quienes superan los 60 años permanece largos períodos sin empleo, muchas veces por más de un año. La rigidez del sistema tampoco les ofrece alternativas intermedias o graduales de reinserción laboral.
Por eso, reducir el debate de flexibilidad laboral a una supuesta precarización es un error conceptual y político. Evidentemente, toda reforma debe resguardar derechos mínimos, estabilidad y protección social. Pero negar cualquier cambio bajo el argumento del abuso termina perjudicando precisamente a quienes más necesitan oportunidades laborales.
El problema es que en Chile seguimos atrapados en un paradigma antiguo: asumir que el único empleo “válido” es el trabajo presencial, de horario fijo y jornada completa. Sin embargo, la realidad actual es mucho más diversa. Hay personas que prefieren trabajar por horas, otras que necesitan estudiar en las mañanas y trabajar de noche, y algunas que requieren semanas con distinta carga horaria según sus responsabilidades familiares o personales.
Hoy la legislación laboral no ofrece suficientes alternativas para esas personas. Y cuando el sistema formal no entrega opciones, la consecuencia natural es la informalidad o el desempleo.
Mientras tanto, los países desarrollados avanzan precisamente en la dirección contraria: más adaptabilidad, más acuerdos entre trabajadores y empleadores y sistemas laborales capaces de acomodarse a distintas etapas de la vida.
La verdadera discusión, entonces, no es si debe existir flexibilidad laboral, sino cómo construirla sin precarizar. Porque un mercado laboral rígido puede proteger a quienes ya están dentro, pero muchas veces termina cerrándole la puerta a quienes aún siguen afuera.
