Diez personas fueron formalizadas por asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación de licencias de conducir, en una investigación que la Fiscalía de Alto Hospicio desarrolla junto a la PDI. Según el Ministerio Público, la organización —integrada por funcionarios municipales y particulares— cobraba entre 600 mil y un millón de pesos para entregar licencias sin cumplir ningún requisito legal.
El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, explicó el resultado de las audiencias: “Hoy concluimos tres extensas jornadas en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, donde se llevó a cabo el control de detención, la formalización de cargos y también la discusión de medidas cautelares respecto de los diez imputados de esta organización criminal destinada a la obtención de manera fraudulenta de licencias de conducir. El tribunal tuvo por acreditados los delitos por los cuales formalizamos, acogiendo casi todas las medidas cautelares solicitadas”. En la instancia también participó la fiscal regional Virginia Aravena.
FUNCIONARIOS
La investigación, realizada con las brigadas Brianco y Brilac de la PDI, señala que la red operaba desde 2022. La líder sería N.X.V.A., quien junto a su cónyuge, sus dos hijos y funcionarios de la Dirección de Tránsito —M.R.Q.L., R.R.P.O., W.A.V.G., F.A.E.R. y A.A.V.S.— facilitaban la entrega de licencias a personas que no cumplían los requisitos. Además, la imputada I.B.F., trabajadora de una escuela de conductores de Iquique, gestionaba certificados de cursos de conducción a cambio de dinero.
Los beneficiados obtenían licencias sin rendir pruebas teóricas ni prácticas, sin realizar cursos obligatorios en el caso de licencias profesionales, con certificados de residencia falsos y sin respetar los plazos del proceso.
El tribunal decretó prisión preventiva para ocho imputados: la líder de la organización, su familia directa y dos funcionarios municipales, por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Para otros dos funcionarios se ordenó privación de libertad por peligro de fuga, con cauciones fijadas por el tribunal. En el caso de R.R.P.O., se dispuso arresto domiciliario total. La Fiscalía apeló estas tres últimas medidas, por lo que la Corte de Apelaciones deberá resolver.
La imputada vinculada a la escuela de conductores quedó con arresto domiciliario total, tal como solicitó el Ministerio Público.
