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Jun·26

Astudillo pide proteger las fiestas religiosas de La Tirana y del “Lolo” para que no queden atrapadas en la Ley de Seguridad Privada

La senadora Danisa Astudillo llevó a la Comisión de Seguridad del Senado una idea que viene dando vueltas hace rato en la región: que las fiestas religiosas y patrimoniales no tengan que cumplir las mismas exigencias que los eventos masivos comerciales. En simple, que celebraciones como La Tirana o San Lorenzo no terminen obligadas a contratar seguridad privada, sistemas de vigilancia o seguros que las comunidades no pueden pagar.

El proyecto busca modificar la Ley 21.659 para dejar fuera a las festividades tradicionales, esas que existen desde antes que se hablara de “eventos masivos” y que se organizan con trabajo comunitario, fe y tradición, no con productoras ni boleterías. La idea nace porque varias comunidades del país han tenido problemas para cumplir con los requisitos actuales, que están pensados para conciertos o espectáculos comerciales, no para celebraciones religiosas.

La propuesta no solo beneficiaría a Tarapacá. También alcanzaría a fiestas como la Virgen de Andacollo en Coquimbo, la Candelaria en Atacama, Cuasimodo en la zona central, Lo Vásquez, San Sebastián de Yumbel, el Nazareno de Caguach en Chiloé y celebraciones costumbristas como la Cruz de Mayo o San Pedro.

Astudillo lo explicó así: “Las fiestas religiosas y culturales tradicionales son parte del patrimonio vivo de nuestras comunidades. No pueden verse amenazadas por exigencias administrativas y económicas pensadas para otro tipo de eventos. Con este proyecto buscamos resguardar nuestras tradiciones y facilitar que las comunidades puedan seguir organizándolas”.

La senadora también aclaró que esto no elimina la coordinación con las autoridades. Las fiestas seguirán trabajando con municipios, delegaciones, Carabineros, Salud, Bomberos y equipos de emergencia, tal como ocurre hoy. Lo que cambia es que se reconoce que estas celebraciones tienen un carácter comunitario y patrimonial que no calza con la lógica de los eventos comerciales.

El proyecto deja claro que la exención no afecta las atribuciones de las autoridades en orden público, tránsito, salud o emergencias. Solo evita que las comunidades tengan que asumir costos imposibles para mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad del país.

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