La Corte de Apelaciones de Iquique decidió subir a $35 millones la indemnización que el Estado deberá pagar a María Nardy Ribera Méndez, una mujer que pasó siete meses en prisión preventiva por una acusación que nunca debió existir: tres potes de queratina que compró en Bolivia dieron falso positivo de cocaína en una prueba rápida. Ese error la llevó a vivir uno de los golpes más duros que puede enfrentar cualquier persona: ser tratada como delincuente sin haber cometido ningún delito.
El tribunal confirmó la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Iquique, pero aumentó el monto de la compensación, considerando el impacto que tuvo en su vida una imputación penal sin sustento real. Los ministros recalcaron que el daño moral debía ser mayor, porque no se trata solo de un mal rato: es la marca que deja en una persona el haber sido privada de libertad, señalada públicamente y separada de su entorno por una acusación injusta.
En su análisis, la Corte revisó los antecedentes laborales y migratorios de Ribera, concluyendo que no había pruebas suficientes para acreditar daño emergente o lucro cesante. Sin embargo, sí quedó claro el peso emocional y social que significó estar encarcelada por un error del sistema.
El fallo lo resume con fuerza: una imputación penal sin base fáctica ni jurídica tiene consecuencias profundas, y por eso el daño moral debía ser corregido al alza.
Finalmente, la Corte resolvió que el Fisco deberá pagar $35.000.000 a María Nardy Ribera Méndez, reconociendo —aunque tarde— que el Estado falló y que ese error tuvo un costo humano que no se puede ignorar.













