Por: Rodrigo A. Longa Terán
El profesor de lenguaje permaneció menos de cuatro meses al frente de la cartera regional. Su gestión estuvo marcada por dos denuncias por presunto acoso y maltrato laboral, cuestionamientos por actividades religiosas y promoción de su libro personal en espacios públicos, una alta exposición en las redes institucionales, un viaje sin agenda oficial conocida y una creciente confrontación con la ANEF.
Cristian Cabezas Mundaca presentó su renuncia al cargo de secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, de acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, poniendo término a una breve gestión marcada por denuncias, investigaciones administrativas y cuestionamientos políticos y gremiales.
Cabezas se incorporó oficialmente al cargo el 30 de marzo de 2026, mediante el Decreto Afecto N.º 47. Considerando como fecha de término este lunes 27 de julio, permaneció 120 días calendario al frente de la cartera regional. Al cierre de esta edición, el registro de sujetos pasivos de la Ley del Lobby todavía no incorporaba una fecha de término y continuaba mostrándolo con permanencia “indefinida”, por lo que se encontraba pendiente su actualización administrativa.
La salida se produce después de semanas en que la Seremi del Trabajo dejó de estar asociada principalmente a la discusión sobre desempleo, informalidad y derechos laborales, para convertirse en el centro de una crisis que involucró a funcionarias denunciantes, asociaciones gremiales, organismos dependientes del Ministerio del Trabajo y autoridades regionales.
Dos denuncias por presunto acoso y maltrato laboral
La principal controversia surgió por dos denuncias contra Cabezas por presunto maltrato y acoso laboral. Una de las denunciantes pertenece a la Seremi del Trabajo y la otra estaría vinculada al ISL. El Gobierno confirmó ambos procedimientos: uno continuó bajo la Ley Karin y la Subsecretaría del Trabajo instruyó una investigación administrativa por los demás antecedentes.
Las indagatorias seguían en curso al momento de su salida, sin una resolución pública que estableciera responsabilidades.
ANEF Tarapacá cuestionó su permanencia en el cargo y advirtió una posible afectación del ambiente laboral y revictimización de las denunciantes. El 6 de julio solicitó su suspensión temporal, medidas de protección y garantías para que las investigaciones se desarrollaran sin presiones.
Cultos y visitas de pastores al interior del servicio
A las denuncias laborales se sumaron cuestionamientos por actividades religiosas realizadas en la Seremi. Contraloría recibió antecedentes sobre un desayuno con pastores efectuado el 11 de mayo y una reunión con religiosos extranjeros el 28 de mayo, en la que también se habrían entregado ejemplares del libro de Cabezas.
Las presentaciones solicitaron determinar quién convocó las actividades y si se utilizaron funcionarios, jornada laboral, dependencias o recursos públicos para fines ajenos al servicio. Algunas publicaciones habrían sido eliminadas posteriormente de las redes institucionales, por lo que se pidió resguardar los registros digitales.
Gastos y uso de recursos públicos bajo investigación
Las actividades realizadas en la Seremi abrieron dudas sobre un eventual uso de recursos públicos. No se conocen rendiciones ni documentos que aclaren quién financió la alimentación, los materiales o los libros entregados.
La falta de antecedentes no acredita perjuicio fiscal, pero obliga a determinar si se utilizaron recursos institucionales o funcionarios en actividades ajenas al servicio. ANEF pidió a Contraloría y a la Subsecretaría del Trabajo esclarecer estos hechos.
La entrega de su libro personal como seremi
Otro episodio cuestionado fue la promoción del libro de Cabezas, Jesús y Educación: La necesidad de Dios en la educación chilena. La autoridad habría entregado ejemplares durante reuniones realizadas o difundidas por la Seremi, lo que abrió interrogantes sobre su financiamiento y el eventual uso del cargo, dependencias, funcionarios o plataformas institucionales para promover una obra personal.
Una segunda denuncia ante Contraloría solicitó investigar la entrega de un ejemplar, el 25 de mayo, en dependencias de la Universidad Arturo Prat vinculadas al Archivo Regional. La presentación pidió aclarar si existió una invitación oficial, si la actividad formaba parte de su agenda y si se utilizaron jornada laboral o recursos públicos.
El cuestionamiento apunta al eventual uso de la investidura para posicionar una publicación privada. Hasta ahora, Contraloría no ha establecido una infracción.
De una cuenta institucional a una vitrina personal
La gestión de Cabezas estuvo marcada por una alta exposición en las redes sociales de la Seremi del Trabajo. Las publicaciones lo mostraron reiteradamente en ceremonias, reuniones y actividades diversas, incluida su participación en un desfile de moda, cuya relación con las funciones laborales y previsionales del servicio deberá aclararse.
El enfoque de las plataformas abrió interrogantes sobre si priorizaron la difusión de programas y derechos laborales o la promoción personal de la autoridad. Contraloría ha establecido que las redes institucionales deben destacar la labor del organismo y no convertir la imagen de quien lo dirige en el contenido principal.
La presencia de una autoridad en fotografías oficiales no constituye por sí sola una irregularidad. El cuestionamiento surge cuando desplaza al servicio, sus programas y beneficiarios. La eliminación de publicaciones sobre reuniones religiosas y entrega de libros hace necesario recuperar los respaldos digitales.
Cuestionamientos en la primera Mesa Regional por el Empleo
Durante la primera Mesa Regional por el Empleo, realizada el 21 de julio, Cabezas fue cuestionado por respuestas imprecisas sobre las cifras regionales de empleo y desocupación.
El episodio reforzó las críticas sobre su manejo técnico y comunicacional en una instancia creada para abordar uno de los principales problemas económicos de Tarapacá.
ANEF cuestionó su validez como interlocutor
El presidente regional de ANEF, Patricio Llerena, cuestionó públicamente que Cabezas representara al Gobierno en materias de trabajo decente mientras enfrentaba denuncias laborales y cuestionamientos por probidad.
El gremio exigió su separación inmediata, protección para las denunciantes y un pronunciamiento político del Gobierno.
El director regional del ISL salió en defensa de Cabezas
El director regional del ISL, Rodrigo Bello, defendió a Cabezas en una publicación de Radio Paulina y acusó a ANEF de realizar “proselitismo político” y exagerar los hechos.
Además, divulgó antecedentes sobre denuncias y relaciones personales de los involucrados, generando cuestionamientos por una eventual vulneración de la reserva y el riesgo de revictimización.
La Dirección Nacional del ISL se desmarcó
La Dirección Nacional del ISL señaló que las expresiones de Bello correspondían a opiniones personales y no representaban la posición institucional del organismo.
El pronunciamiento desautorizó públicamente al director regional y abrió interrogantes sobre el uso de redes sociales, la prescindencia política y la eventual difusión de información reservada.
Una salida que no pone término a las investigaciones
La renuncia de Cabezas pone fin a su breve gestión, pero no extingue las denuncias laborales ni las presentaciones efectuadas ante Contraloría.
Las investigaciones deberán determinar eventuales responsabilidades por acoso laboral, uso de recursos públicos, promoción personal, actividades religiosas, el viaje a Concepción y el cierre de las oficinas. La nueva autoridad deberá recuperar la confianza interna y restablecer la relación con los gremios.
