Una investigación de la Fiscalía Local de Iquique, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, terminó con la detención de una mujer que se hacía pasar por presidenta de comités de vivienda y que habría estafado a cerca de 200 personas que buscaban acceder a una casa propia. Según los antecedentes, logró reunir alrededor de 350 millones de pesos mediante este engaño.
Las denuncias comenzaron a llegar en abril, y con esa información la Fiscalía ordenó diversas diligencias a la BRIDEC. Los funcionarios tomaron declaraciones, hicieron reconocimientos fotográficos y revisaron documentos, hasta confirmar la identidad de la imputada. La investigación estableció que, desde 2023 hasta mayo de 2026, la mujer —junto a otras personas— ofrecía supuestos cupos para departamentos sociales en proyectos de Alto Hospicio, pese a que esas viviendas ya estaban asignadas o entregadas.
El fiscal Juan Zepeda explicó que “las víctimas correspondían a personas en condición de necesidad habitacional que participaron incluso en reuniones presenciales junto a la imputada y efectuaron pagos que fluctuaban entre $500.000 y $11.000.000, destinados supuestamente a cuotas de incorporación, reserva de cupo, gastos administrativos y trámites, generando una defraudación total de $350.000.000”.
Con esos antecedentes, la Fiscalía gestionó una orden de detención que la PDI concretó en el sur del país. El subprefecto Gustavo Sáez, jefe de la BRIDEC, señaló que “gracias al trabajo colaborativo entre la PDI de nuestra región y la PDI de la Región de Los Lagos se logró ubicar a esta mujer en el sector Ensenada, comuna de Puerto Varas, donde se encontraba arrendando una vivienda junto a su grupo familiar. En ese lugar fue detenida el jueves”.
SEREMI
Desde el Ministerio de Vivienda, el seremi Alonso Velásquez recordó que el acceso a viviendas no tiene costo alguno. “No se paga para conseguir un departamento o una vivienda en ninguna comuna del país. Nosotros trabajamos a través de entidades patrocinantes y constructoras que están inscritas en el Ministerio de Vivienda”, indicó.
La imputada fue formalizada el viernes por estafas reiteradas y uso malicioso de instrumento público. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó prisión preventiva. La investigación tendrá un plazo de 120 días, periodo en el que seguirán las diligencias respecto de las otras personas involucradas.
