RODRIGO A. LONGA T.
La presentación, ingresada bajo el N.º 377839/2026, busca esclarecer si un correo de tono burlesco enviado a medios de comunicación fue producto de un acceso externo no autorizado o si se originó desde el entorno de la propia repartición pública. También solicita revisar eventuales responsabilidades administrativas, protocolos de ciberseguridad y el uso de una cuenta Gmail para comunicaciones vinculadas al servicio.
Una denuncia ingresada ante la Contraloría General de la República busca esclarecer las circunstancias que rodearon el supuesto hackeo de una cuenta de correo electrónico utilizada por la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal para mantener contacto con medios de comunicación.
La presentación, registrada bajo el número 377839/2026, solicita que el organismo fiscalizador determine técnicamente qué ocurrió con la cuenta dpptamarugal26@gmail.com, quiénes tenían acceso a ella y desde qué dispositivo, sesión o conexión se envió un polémico mensaje durante agosto.
El caso se remonta al 19 de agosto de 2026, a las 00:49 horas, cuando desde esa cuenta, identificada ante los destinatarios como “DPPTamarugal”, se remitió a distintos comunicadores y medios de prensa el siguiente mensaje:
“Estimados, te dejo un recuerdo por tu derrota de ayer, saludos.”
La dirección electrónica era utilizada para el envío de pautas, comunicados y otras informaciones vinculadas al trabajo de prensa de la Delegación. Aunque se trata de una cuenta Gmail y no de un correo alojado bajo un dominio institucional del Estado, posteriormente la propia Unidad de Comunicaciones reconoció que era utilizada para desarrollar labores asociadas al servicio.
Delegación atribuyó el mensaje a un “hackeo”
Tras las consultas realizadas por medios de comunicación, el 24 de agosto, a las 12:36 horas, desde la misma cuenta se entregó una explicación.
“Alguien hackeó el correo y envió dicha información, pero ya hemos recuperado la cuenta”, señaló Comunicaciones.
Entre el envío cuestionado y esa primera respuesta documental transcurrieron 5 días, 11 horas y 47 minutos.
Ese período, sin embargo, no permite afirmar que la cuenta haya permanecido vulnerada durante todo ese tiempo. Lo que sí establece es una ventana temporal entre el correo enviado el 19 de agosto y la respuesta del 24, cuando la repartición informó que la cuenta ya había sido recuperada.
La duración real de una eventual intrusión, así como la identidad de quien utilizó la cuenta, sólo podría determinarse mediante antecedentes técnicos como registros de acceso, sesiones abiertas, dispositivos conectados, direcciones IP, cambios de contraseña y mecanismos de autenticación.
La cuenta Gmail era utilizada para funciones de comunicaciones
El caso sumó un nuevo antecedente el 27 de agosto, cuando Comunicaciones explicó por escrito por qué se utilizaba esa dirección electrónica.
Según la respuesta, la cuenta fue creada como una alternativa para enviar información desde un notebook durante el trabajo en terreno, debido a que el correo institucional sólo podía ser utilizado desde un computador fijo de oficina.
Este punto adquiere especial relevancia en la denuncia, ya que permite establecer que, aunque formalmente se trataba de una cuenta comercial de Gmail, era utilizada en la práctica para ejecutar tareas propias de la Delegación y mantener contacto con medios de prensa.
Por ello, la presentación pide determinar quién creó la cuenta, quién autorizó su utilización, quiénes tenían acceso a sus credenciales y si esta modalidad cumplía con las normas de seguridad, trazabilidad y ciberseguridad aplicables a organismos públicos.
Dos hipótesis que Contraloría deberá esclarecer
La denuncia no atribuye la autoría del mensaje a una persona determinada. Por el contrario, plantea dos escenarios que deberán ser establecidos mediante una revisión técnica.
El primero es que efectivamente haya existido un acceso externo no autorizado, tal como sostuvo la Delegación.
El segundo apunta a que el correo pudo haberse originado desde el propio entorno de la repartición, ya sea de manera deliberada, por negligencia, por una confusión entre cuentas o por un error de algún usuario que pretendía enviar el mensaje desde una dirección distinta.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra determinar desde qué dispositivo, sesión, dirección IP o mecanismo de autenticación fue enviado el correo de las 00:49 horas del 19 de agosto, y si tuvo origen en un computador, notebook o teléfono vinculado a la Delegación, o bien en una conexión externa desconocida.
Consultaron si el supuesto hackeo fue denunciado
Otro de los puntos incorporados a la presentación se relaciona con las medidas adoptadas una vez detectada la eventual vulneración.
El 25 de agosto, Comunicaciones fue consultada expresamente respecto de si se había presentado una denuncia ante Fiscalía y si otras cuentas de la Delegación habían resultado afectadas.
En los antecedentes acompañados a Contraloría no consta una respuesta concreta que confirme la existencia de una denuncia ante el Ministerio Público, la PDI o Carabineros. Tampoco se exhiben, hasta ahora, informes técnicos que permitan acreditar la intrusión denunciada.
Por esa razón, la presentación solicita verificar si el episodio fue puesto en conocimiento de las autoridades persecutoras y si, dadas sus características, correspondía reportarlo ante organismos especializados en ciberseguridad, como el CSIRT Nacional o la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
Eventuales responsabilidades administrativas
La denuncia también plantea una segunda dimensión del caso.
Si la investigación determinara que no existió un hackeo y que el mensaje fue enviado desde el interior o entorno de la Delegación, se pide establecer si hubo utilización de cuentas, dispositivos, conexión a internet, bases de contactos, tiempo funcionario u otros recursos vinculados al servicio para fines ajenos a las funciones institucionales.
Asimismo, se solicita preservar evidencia digital que pudiera resultar relevante para esclarecer los hechos, como registros de inicio de sesión, dispositivos asociados, cambios de contraseña, sesiones activas, correos enviados o eliminados, encabezados completos del mensaje y eventuales comunicaciones internas relacionadas con la recuperación de la cuenta.
Un conflicto comunicacional que ya trasciende al Tamarugal
El episodio se produce, además, en medio de un escenario de creciente tensión entre la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal y distintos actores de la prensa regional.
Días antes, comunicadores y radios del Tamarugal habían denunciado dificultades para obtener entrevistas, respuestas y vocerías oportunas por parte de la autoridad provincial. Entre quienes formularon estos cuestionamientos se encuentran Rodolfo Aguirre Villar, presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI); Marcelo Hurtado Naccarino, de Radio Almontina; profesionales de Radio San Andrés de Pica y comunicadores de Radio Gigante de Huara.
A estas críticas se sumaron posteriormente medios radiales, prensa escrita y periodistas de Iquique, entre ellos el Diario de mayor circulación de la ciudad, programas de Radio Paulina, El Observador de Cavancha y Norte Alerta, cuyos profesionales también han expuesto episodios en que solicitudes de entrevistas, contactos o vocerías con la Delegación no habrían obtenido respuesta o no se habrían concretado. Los cuestionamientos adquirieron especial relevancia durante episodios de emergencia climática, cuando el acceso oportuno a información oficial resulta fundamental para las comunidades afectadas.
Con el paso de los días, los cuestionamientos dejaron de concentrarse únicamente en medios de la provincia. A las críticas formuladas desde el Tamarugal se sumaron también periodistas de la comuna de Iquique, radios de alta audiencia de la capital regional y medios escritos locales, ampliando el alcance de la preocupación respecto de la política comunicacional de la Delegación y de la falta de respuesta denunciada por profesionales del sector.
En este contexto, dirigentes regionales de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) cuestionaron las dificultades para acceder a vocerías de la autoridad provincial y vincularon públicamente esta situación con un conflicto anterior relacionado con una sanción interna aplicada por ARCHI a Karen Heyne, antecedente que cuenta con respaldo documental del propio gremio.
La incorporación de medios de Iquique y de distintos formatos -radiales, digitales y escritos- otorga al conflicto una dimensión regional y no exclusivamente provincial. Los cuestionamientos apuntan principalmente a la necesidad de que una autoridad pública mantenga canales de comunicación abiertos, oportunos y no discriminatorios con los distintos medios, especialmente durante situaciones de emergencia.
Sin embargo, corresponde separar los antecedentes. La eventual existencia de un veto informativo, las razones detrás de las dificultades de acceso a la autoridad y una posible relación entre ese conflicto previo y el correo enviado el 19 de agosto son materias cuya responsabilidad no ha sido establecida oficialmente.
La denuncia N.º 377839/2026 busca precisamente que sea Contraloría la que determine, sobre la base de antecedentes técnicos y administrativos, si existió realmente un acceso informático no autorizado o si el mensaje cuestionado tuvo su origen dentro del entorno de la propia Delegación.
Pese a los distintos intentos realizados por este medio para obtener una versión oficial de los hechos, mediante mensajes y solicitudes de respuesta dirigidas a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal, hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta de la autoridad ni de su equipo de comunicaciones. Este medio mantiene abierta la posibilidad de incorporar su versión en caso de que ésta sea remitida posteriormente.
Por ahora, no existe una conclusión de Contraloría que permita atribuir responsabilidad a una persona determinada. La presentación solicita esclarecer el origen del correo, revisar la gestión y seguridad de la cuenta utilizada para comunicaciones del servicio y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos.













