La comuna vuelve a encender las alarmas: el SAR La Tortuga concentra casi un tercio de los ataques y los equipos de salud advierten que la violencia no sólo golpea a los funcionarios, también afecta la atención de toda la comunidad.
La realidad en los centros de salud de Alto Hospicio está lejos de ser tranquila. En lo que va de 2026 ya se han registrado 70 agresiones contra funcionarios, una cifra que vuelve a poner el foco en un problema que se arrastra hace años y que golpea directamente a quienes sostienen la atención primaria día a día. El SAR La Tortuga es el recinto con mayor incidencia.
Para enfrentar este escenario, representantes del Servicio de Salud de Tarapacá, la Seremi de Seguridad Pública, la ACHS y los equipos de la Red de Salud Municipal participaron en la Segunda Mesa Local de Agresiones a Funcionarios de Salud y Buen Trato 2026, realizada en el CESFAM Dr. Pedro Pulgar. La idea: revisar protocolos, coordinar acciones y, sobre todo, proteger a los trabajadores.
Las cifras presentadas hablan por sí solas. Abril fue el mes más crítico y la mayoría de los incidentes ocurre en la mañana, cuando la demanda asistencial es más alta. El 53,6% de las agresiones son verbales y el 69% proviene de pacientes. El SAR La Tortuga concentra el 29% de los casos.
Yerko Balbontín, referente comunal de Salud Ocupacional, fue directo: “A la fecha, registramos 70 agresiones a funcionarios de salud, siendo el SAR La Tortuga el establecimiento con la mayor tasa de agresiones dentro de nuestra red. Además, a nivel regional seguimos siendo la comuna con la mayor tasa de agresiones a funcionarios de salud, una situación que genera un importante impacto en la salud mental de nuestros trabajadores y también en la atención que recibe la comunidad”.
Balbontín explicó que estos hechos no sólo dañan a los equipos, sino que también provocan retrasos, reprogramaciones y suspensiones de atenciones, afectando a todos los usuarios.
SEREMI
El Seremi de Seguridad Pública, Omar Salazar, reforzó el mensaje: “Las agresiones a funcionarios y funcionarias de la salud no son hechos aislados ni pueden ser consideradas parte del trabajo. Detrás de cada agresión hay trabajadores afectados, prestaciones que se suspenden y usuarios que finalmente terminan perjudicados”.
Agregó que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes cumplen una labor esencial y que se está fortaleciendo la coordinación con policías, Ministerio Público y la red de salud para mejorar las denuncias y reforzar la seguridad en los recintos más expuestos. “La violencia no puede transformarse en una forma de relacionarse con los servicios públicos”, remató.
El año pasado, la red comunal cerró con 183 agresiones, un antecedente que demuestra que este no es un problema puntual, sino una situación que requiere medidas permanentes y un compromiso real de la comunidad.
