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El Ministerio Público entregó un informe estadístico que marca un hito en el análisis institucional del estallido social ocurrido en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020. A seis años de las masivas movilizaciones, el documento revela que la mayoría de los delitos con imputado conocido fueron cometidos por agentes del Estado, superando ampliamente los hechos atribuidos a manifestantes.
Según el informe elaborado por la División de Estudios y la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público, se investigaron 32.901 causas penales en todo el país durante el periodo. De ellas, el 70,4% de los casos con imputado conocido corresponde a apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, principalmente de Carabineros.
Uno de los datos más relevantes es el reconocimiento oficial de 464 víctimas de trauma ocular, lesiones que fueron ampliamente denunciadas por organismos de derechos humanos y que ahora quedan registradas en las estadísticas del Ministerio Público. Además, se contabilizan 30 personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones.
El informe también revela que solo el 14,3% de los casos con imputado conocido terminó en condena, lo que refleja las dificultades para avanzar en procesos judiciales por violencia institucional.
Este balance, entregado por el propio Ministerio Público, representa un paso importante en la validación de las denuncias ciudadanas y en el reconocimiento de las víctimas del estallido social. A seis años de los hechos, las cifras oficiales confirman que la violencia ejercida por agentes del Estado tuvo un impacto mayor que la atribuida a los manifestantes, abriendo nuevamente el debate sobre justicia, reparación y responsabilidad institucional.
