La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) en Tarapacá volvió a presionar por una resolución en el caso del seremi del Trabajo, Cristian Cabezas, denunciado hace más de un mes por dos funcionarias por acoso laboral. El presidente regional del gremio, Patricio Llerena, sostuvo que la situación ya no admite más dilaciones y que las medidas adoptadas hasta ahora no se condicen con la protección del debido proceso ni con la seguridad de las denunciantes.
“Nosotros, básicamente, lo que estamos esperando es que se tomen resoluciones prontas. O sea, que haya resoluciones que deben ser rápidas. Ya ha pasado tiempo suficiente para que esto haya sido resuelto como nosotros esperamos”, afirmó Llerena, apuntando directamente a la falta de decisiones administrativas claras.
El dirigente recalcó que el respeto al debido proceso es fundamental, pero que este principio debe aplicarse correctamente. “Es decir, el debido proceso —que es lo que los abogados, los jueces y todos quienes manejan el área jurídica manifiestan que debe ser protegido y garantizado— por supuesto que sí. De hecho, yo lo señalo en mi intervención, y eso tiene que ser garantizado a toda costa”, señaló el presidente de la Anef regional en el espacio Los Desinformadores de El Sol de Iquique Radio.
En esa línea, Llerena cuestionó que las medidas adoptadas hayan recaído sobre las funcionarias que realizaron la denuncia y no sobre el seremi. “La garantía del debido proceso significa que, si el fiscal o la autoridad toma una decisión, esta debe permitir que el debido proceso ocurra sin ninguna afectación. La suspensión de funciones debe recaer sobre el denunciado, no sobre las denunciantes en este caso”, sostuvo.
Llerena calificó como inaceptable que las funcionarias se encuentren en teletrabajo mientras el seremi continúa ejerciendo su cargo sin restricciones. “Es inaceptable, diría yo a estas alturas, que las funcionarias que denunciaron a esta persona —con la valentía y todo lo que eso significa— estén en este momento en sus casas, con teletrabajo y el pretexto o fundamento de que se está garantizando el debido proceso. En circunstancias de que el denunciado, reitero, está todavía ejerciendo sus funciones como si nada hubiese ocurrido”.
