El reciente derrumbe en la mina El Teniente, en la Región de O’Higgins, ha dejado una herida profunda no solo en las familias de las víctimas, sino en la conciencia colectiva del país. El saldo es devastador: seis trabajadores fallecidos y nueve heridos, tras el colapso de una galería provocado por un sismo de magnitud 4,2. Más allá de las cifras, este suceso nos obliga a cuestionar, con severidad, los protocolos de seguridad, la preparación institucional y, sobre todo, el trato que el Estado y Codelco han dado a las familias afectadas.
En nuestra retina quedara una imagen llena de simbolismo. En medio del dolor, una escena recorrió las redes sociales y noticieros: la ministra de Minería, Aurora Williams, hablando con los familiares de los mineros atrapados… desde detrás de una reja. La imagen es potente, simbólica y dolorosa. No solo marca una separación física, sino una barrera emocional e institucional que evidencia el abismo entre las autoridades y quienes esperan desesperadamente respuestas.
En un país marcado por su historia de tragedias mineras, la comunicación con las familias no debería ser solo una obligación, sino un acto de humanidad esencial. Pero esta vez, lo que vimos fue distancia, frialdad y burocracia. El silencio oficial, los partes escuetos y la ausencia de vocerías preparadas para acompañar emocionalmente a los afectados revelaron una desconexión alarmante del gobierno con quienes más necesitaban consuelo y respuestas. Para colmo, las familias debían trasladarse por horas hasta la mina para recibir escasa información, solo para regresar a sus hogares cargando incertidumbre, angustia y soledad. En vez de acercarse al dolor, las autoridades parecieron alejarse de él, dejando a madres, esposas e hijos atrapados en su propia espera sin abrazos ni certezas.
Es imposible no evocar el año 2010, cuando la tragedia de la mina San José unió a todo un país y marcó un estándar de compromiso que hoy añoramos. Allí, Cristián Larroulet, entonces ministro secretario general de la Presidencia, instaló su oficina en pleno corazón de la tragedia, en un modesto hotel de Atacama, para mantenerse en contacto permanente con las familias. El ministro de Minería, Laurence Golborne, se convirtió en símbolo de cercanía y empatía, compartiendo día y noche con los seres queridos de los atrapados en el Campamento Esperanza. Y el ingeniero André Sougarret, con temple de héroe, lideró desde la primera línea las operaciones de búsqueda, sin descanso, hasta arrancar con vida a los 33 mineros tras 17 días de incertidumbre. Aquella epopeya, tejida de humanidad y coraje, contrasta dolorosamente con el frío hermetismo y la distancia que hemos visto en la actual tragedia de El Teniente.
Los nombres que el país no puede olvidar
Seis vidas fueron segadas en esta tragedia:
1. Paulo Marín Tapia, hallado el jueves, primer fallecido confirmado.
2. Gonzalo Núñez Caroca, su cuerpo fue recuperado el sábado e identificado la madrugada del domingo.
3. Álex Araya Acevedo, encontrado e identificado el domingo.
4. Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, encontrado e identificado el domingo.
5. Jean Miranda Ibaceta, uno de los dos últimos cuerpos hallados el domingo.
6. Moisés Pavez Armijo, el otro de los cuerpos hallados el domingo, aún en proceso de identificación oficial por el SML.
Estos nombres no pueden ser reducidos a cifras en un comunicado. Cada uno representa una historia, una familia, un proyecto de vida interrumpido por fallas que aún no tienen explicación clara.
Frente a la tragedia, subyace una pregunta ¿Protocolos de seguridad o formalidades de papel? Desde una perspectiva técnica, el accidente en El Teniente expone fallas estructurales graves en la gestión preventiva del riesgo. Aunque se activó el llamado Protocolo de Emergencia por Accidente Minero de Gran Alcance, este tipo de respuesta, por definición, actúa después del desastre, no lo evita. La verdadera política de seguridad no se mide por la rapidez con que se reacciona, sino por la eficacia con que se previene. En ese sentido, el hecho de que los refugios subterráneos estuviera cerrado con candado -según denuncias de otros mineros- constituye una acusación devastadora. Un refugio inaccesible deja de ser refugio: se convierte en una celda vacía, en una burla al concepto de resguardo. Esa decisión administrativa, tan simple como negligente, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La seguridad, en minería, no puede depender de un cerrojo.
Algunos trabajadores relataron que días antes del derrumbe escucharon ruidos inusuales en la galería, sin que se tomaran medidas preventivas. Además, la falta de monitoreo sísmico profundo y una respuesta inicial basada más en intuiciones que en datos técnicos refleja una preocupante fragilidad en la gestión del riesgo geotécnico, incluso en la operación subterránea más grande del mundo.
La confusión fue aún mayor cuando el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, insinuó que el derrumbe pudo haberse originado por perforaciones mal ejecutadas, versión que luego fue matizada e incluso desmentida por el gerente general. Este zigzagueo comunicacional no solo siembra incertidumbre: agrava el dolor de las familias.
Existió un apoyo técnico: que fue bienvenido, pero también fue tardío. Tras la confirmación del desastre, el gobierno anunció la conformación de un equipo con expertos nacionales e internacionales, incluyendo parte del equipo del rescate de los 33 mineros en 2010, incluidos Laurence Golborne y André Sougarret. También se comprometió una auditoría externa para esclarecer responsabilidades. Son señales necesarias, pero que llegan con un retraso doloroso. En mi cabeza resuena un cuestionamiento, ¿Por qué esperar a la tragedia para actuar con rigurosidad?
Estas instancias deben incorporar representantes de las familias, de los sindicatos y de la sociedad civil. No puede ser una investigación entre cuatro paredes. La transparencia, como la seguridad, no puede ser selectiva ni decorativa.
Existe una crítica política que no se puede eludir, el manejo político del accidente ha sido, por decir lo menos, deficiente. Desde el presidente Boric, en un punto de prensa donde se le aprecia visiblemente molesto, sin manejar los nombres de las víctimas. Los voceros ministeriales que no manejaban información técnica, con la entrega de información fragmentada, poco clara y a veces contradictoria. La promesa de una «línea única de comunicación» para las familias terminó convertida en comunicados generales sin rostro, sin consuelo, y quizás sin verdad.
La imagen de la ministra Williams tras una reja quedará como símbolo del tipo de Estado que no queremos: uno que habla desde la distancia, que se protege institucionalmente mientras las familias sufren sin certezas ni compañía.
Seis muertes que no pueden quedar impunes, La tragedia en El Teniente no es solo producto de un evento natural. Es el resultado de una cadena de decisiones (o indecisiones), de omisiones técnicas y de un sistema que prioriza la producción por sobre la protección. En minería, el riesgo es inherente, pero el abandono no puede serlo.
Hoy, el país no solo debe honrar a Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo. Debemos exigir un cambio profundo en la cultura de seguridad minera y en el trato que damos a quienes arriesgan su vida cada día bajo tierra.
Porque no es aceptable que, en Chile, la seguridad siga dependiendo de la suerte. Ni que las familias tengan que ver cómo se les informa la muerte de sus seres queridos… desde detrás de una reja.
Como escribió alguna vez el gran novelista estadounidense y Premio Nobel de Literatura, John Steinbeck: “Es curioso lo lejana que resulta una desgracia cuando no nos atañe personalmente”. Y eso es precisamente lo que vimos en El Teniente: autoridades que, desde la seguridad de sus oficinas o detrás de rejas, hablaban de dolor sin habitarlo, emitían comunicados sin alma, y competían por puntos de prensa vacíos mientras seis familias clamaban por respuestas y dignidad.
El gobierno no solo falló en la prevención: también fracasó en el acompañamiento humano. La ministra de Minería llegó al lugar, sí, pero no cruzó la reja. No se sentó con las madres, no lloró con las esposas, no sostuvo las manos de los hijos. Y mientras tanto, en Santiago y en la entrada de la mina, voceros improvisaban declaraciones insípidas, eludiendo responsabilidades, turnándose los micrófonos para no decir nada.
La distancia emocional de quienes lideran no es un problema comunicacional: es una señal profunda de cómo se concibe el rol del Estado frente al sufrimiento. Cuando un gobierno es incapaz de sentir con su pueblo, también es incapaz de protegerlo.
Y eso, en Chile, no puede seguir siendo tolerado.
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