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Sep·26

Contraloría abre proceso sancionatorio en la Delegación del Tamarugal por viajes, reuniones y un “error involuntario”

Por: Rodrigo A. Longa T.

El organismo fiscalizador concluyó que la repartición no cumplió a cabalidad con registrar viajes y audiencias de la delegada Karen Heyne. La propia Delegación reconoció las omisiones y las atribuyó a un “error involuntario” de los funcionarios encargados. Contraloría advirtió, además, que regularizar posteriormente la información no subsana el incumplimiento y anunció un procedimiento sancionatorio para determinar responsabilidades administrativas.

Lo que comenzó como una denuncia por una agenda pública sin registros terminó con una conclusión bastante más contundente de la Contraloría Regional de Tarapacá: viajes y reuniones de la delegada presidencial provincial del Tamarugal, Karen Heyne, debieron ser incorporados oportunamente a la plataforma de la Ley del Lobby y no lo fueron.

Mediante el Oficio N.º OF181956/2026, fechado el 24 de septiembre, Contraloría informó que instruirá un proceso sancionatorio en la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal para investigar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de infracciones a la Ley N.º 20.730 (Ley de Lobby) y su reglamento.

La decisión surge tras una denuncia presentada bajo reserva de identidad que alertó sobre la ausencia de viajes y audiencias en la agenda pública de la autoridad provincial.

Karen Heyne asumió como delegada del Tamarugal el 16 de marzo de 2026. Desde esa fecha tiene la calidad de sujeto pasivo de la Ley del Lobby.

De Colchane a Iquique

Contraloría revisó uno por uno los desplazamientos denunciados.

Entre ellos aparecen dos viajes a Colchane: el primero, el 18 de marzo, apenas dos días después de asumir, cuando Heyne participó en una reunión con la Jefatura de Área Fronteriza y en actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Frontera; y un segundo desplazamiento el 8 de julio, para reunirse con autoridades de Colchane y Pisiga con el propósito de abordar el tránsito de personas y carga entre Chile y Bolivia.

La presencia de la autoridad durante la primera de esas jornadas también había sido informada oficialmente por la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, que la identificó participando en la reunión desarrollada en Colchane.

Otro desplazamiento ocurrió el 12 de abril hacia Huara, donde la delegada asistió al operativo “Escudo en Ruta”, convocado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Contraloría también incorporó dentro de su análisis los recorridos, inspecciones y fiscalizaciones efectuados durante abril en La Tirana, además del viaje a Iquique del 18 de mayo para participar en un gabinete regional realizado durante la visita del jefe de la División de Gobierno Interior.

La participación de Heyne en ese gabinete en Iquique fue informada públicamente por la Delegación Presidencial Regional.

Y sobre este punto, Contraloría fue categórica: todos esos desplazamientos debieron incorporarse al registro de agenda pública, por tratarse de viajes realizados por la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Dos reuniones también debieron transparentarse

La fiscalización no se limitó a los viajes.

La denuncia también puso bajo revisión dos reuniones sostenidas por Karen Heyne con organizaciones privadas: la Cámara Chilena de la Construcción de Tarapacá y la Fundación de Profesionales Asociados para el Desarrollo Social, PRODERE.

En el primer encuentro se abordaron materias relacionadas con el desarrollo de la Provincia del Tamarugal, la construcción, el desarrollo territorial y el acceso a la vivienda.

En el segundo, representantes de PRODERE presentaron su oferta programática y proyectos regionales, mientras ambas partes acordaron avanzar en un trabajo colaborativo relacionado con materias sociales y protección de derechos.

Aquí Contraloría resolvió una de las principales interrogantes planteadas originalmente: ambas reuniones debieron incorporarse al registro de audiencias de la Ley del Lobby, considerando las materias tratadas y su relación con el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas de la Delegación.

En el caso de la Cámara Chilena de la Construcción aparece un elemento adicional.

Contraloría constató que Paula Alejandra Tejeda, Rafael Ormazábal y Luis Coevas Araya, identificados como asistentes a esa reunión, figuran en el listado que mantiene el Consejo para la Transparencia como lobbistas o gestores de intereses particulares asociados a esa organización gremial.

La explicación de la Delegación: “error involuntario”

Durante la investigación, Contraloría solicitó un informe a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal.

La repartición reconoció conocer las obligaciones de registro establecidas por la Ley del Lobby y entregó información detallada sobre los desplazamientos y reuniones cuestionados.

Pero también reconoció la existencia de las omisiones.

Según reproduce el oficio de Contraloría, la Delegación explicó que la falta de registro se habría producido por un “error involuntario de parte de los funcionarios encargados de efectuar esa labor”.

La institución agregó que, al momento de responder al organismo fiscalizador, se encontraba incorporando los antecedentes faltantes a la plataforma.

Sin embargo, esa regularización tardía no cerró el caso.

Corregir después no elimina el incumplimiento

Contraloría estableció que la Delegación “no ha cumplido a cabalidad” con la obligación de registrar los viajes y audiencias denunciados.

Y agregó un punto particularmente relevante: incorporar posteriormente los antecedentes no permite dar por superado el incumplimiento.

La razón es doble.

Por una parte, los registros fueron realizados fuera del plazo fijado por la normativa. Por otra, las verificaciones efectuadas por Contraloría determinaron que todavía no se había incorporado a la plataforma la totalidad de los viajes y reuniones denunciados, pese a que estos habían sido reconocidos por la propia autoridad provincial.

La Ley del Lobby establece que los viajes realizados por sujetos pasivos en ejercicio de sus funciones deben incorporarse a la agenda pública, informando su destino, objeto, costo y quién los financió. Contraloría recuerda además que, a diferencia de las audiencias -que requieren vinculación con lobby o gestión de intereses particulares-, para los viajes basta que se hayan efectuado en ejercicio de las funciones de la autoridad.

Contraloría abre proceso para determinar responsabilidades

La conclusión del organismo fiscalizador implica que el caso entra ahora en una segunda etapa.

Contraloría anunció que instruirá un procedimiento disciplinario destinado a establecer si existen responsabilidades administrativas individuales por los hechos detectados y si estos configuran infracciones a la Ley N.º 20.730.

Esto significa que, hasta ahora, Contraloría ha establecido el incumplimiento de las obligaciones de registro por parte de la Delegación, pero ahora deberá determinar quién o quiénes son administrativamente responsables y qué sanciones corresponden.

La Ley del Lobby contempla multas de 10 a 30 UTM por no registrar oportunamente viajes o audiencias, sanción que puede aumentar a entre 20 y 50 UTM si se determina que existió una omisión inexcusable. A valores de septiembre de 2026, estos rangos equivalen aproximadamente a multas de entre $717 mil y $3,58 millones. El procedimiento abierto por Contraloría debería establecer quién o quiénes resultan responsables y cuál de estas sanciones, si corresponde, resulta aplicable.

Cometidos y bitácoras: los documentos que ahora cobran relevancia

La respuesta de Contraloría incluye otro antecedente que podría abrir una nueva arista.

Como parte de su respuesta, la Delegación entregó un formulario de solicitud de cometido funcionario nacional, una nómina de cometidos de Karen Heyne correspondiente al período comprendido entre el 27 de marzo y el 14 de agosto de 2026, además de las bitácoras de tres vehículos institucionales, identificados con las patentes DRCV-54 (Hyundai New Tucson), RPLY-37 (Chevrolet Captiva) y PCSY-89 (Toyota Rav4).

La fecha

Uno de los primeros viajes cuya obligación de registro confirmó Contraloría ocurrió en Colchane el 18 de marzo, mientras la nómina de cometidos remitida por la Delegación comienza el 27 de marzo.

Por ahora: los viajes y reuniones identificados debieron estar en la agenda pública y no fueron registrados oportunamente.

El procedimiento anunciado por Contraloría ya no es si existió esa omisión, sino quién tenía la responsabilidad de evitarla y cuáles serán sus consecuencias administrativas.

Pese a los requerimientos realizados por este medio al área de Comunicaciones y a la Jefatura de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta respecto de los antecedentes contenidos en el oficio de Contraloría ni sobre las medidas que adoptará la institución frente al procedimiento anunciado.

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