La Contraloría determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se pasó de los límites legales, según informa Bío Bío, cuando pidió información detallada a la PDI sobre funcionarios que estaban trabajando en una investigación penal. El dictamen fue claro al señalar que la exautoridad “se extralimitó” y que su actuación “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.
El oficio que generó el conflicto fue enviado apenas dos días después de que Steinert asumiera el cargo. En él solicitó nombres, RUT, grados, destinos y antecedentes disciplinarios y penales de detectives vinculados a una causa reservada. Para la Contraloría, esa información no era necesaria para las funciones del ministerio y, además, podía interferir en una investigación penal en curso, algo que está prohibido.
El dictamen también apuntó a que Steinert debió abstenerse, porque la solicitud involucraba a funcionarios con los que ella había tenido relación previa cuando era fiscal regional. Según el documento, su actuación “no se aviene con su deber de abstención”.
El caso generó ruido porque una de las funcionarias mencionadas, la prefecta Consuelo Peña, fue removida poco después, lo que abrió dudas sobre posibles presiones internas. Con este informe, la Contraloría deja establecido que la exministra actuó fuera de sus atribuciones y que el oficio enviado a la PDI no correspondía a su rol.
