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La crisis institucional en Bolivia se profundizó con la detención del fiscal general Roger Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, ambos responsables de investigar al consultor político argentino Fernando Cerimedo. La aprehensión ocurrió en Santa Cruz y fue calificada por funcionarios del Ministerio Público como un “secuestro”, denunciando además un allanamiento policial sin orden judicial en la sede de la Fiscalía General en Sucre.
La detención se produjo dos días después de que Estados Unidos revocara las visas de Mariaca y Zeballos, acusándolos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, en el marco de sanciones aplicadas a funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú.
CERIMEDO
Mariaca era el fiscal que lideraba la investigación penal contra Fernando Cerimedo, acusado en Bolivia de intento de feminicidio, además de estar bajo indagatoria por enriquecimiento ilícito y una tercera causa vinculada a violencia familiar. La policía boliviana confirmó su detención, aunque las autoridades no han explicado bajo qué orden judicial actuaron.
La prisión de Mariaca y Zeballos ocurrió tras la intervención del gobierno de Estados Unidos, que los declaró sospechosos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía boliviana negó estas acusaciones y calificó la detención como un acto de injerencia extranjera, recordando que Mariaca investigaba casos que “incomodaban figuras poderosas”, entre ellos el de Cerimedo.
FISCALÍA
Cerimedo, detenido en Bolivia, enfrenta además una citación por legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, según informó el diario La Razón. La Fiscalía advirtió que, si no comparece, se emitirá una orden de aprehensión adicional, además pedirá que Cerimedo quede preso sin plazo, argumentando riesgo de fuga, peligro para la víctima y medidas de prueba pendientes, entre ellas triangulación de llamadas y pericias informáticas.
