Ingeniero control gestión UNAP
Post. economía y finanzas USACH
Economista Observatorio Económico Tarapacá.
La discusión sobre la deuda pública chilena volvió al centro del debate, especialmente tras las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto de la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
La deuda crece cuando el gasto supera a los ingresos, generando déficits fiscales que deben financiarse mediante endeudamiento. Por eso, más que mirar solo el nivel de deuda, es clave analizar las razones estructurales que explican su aumento.
Históricamente, Chile mantuvo una posición fiscal sólida. Al término del gobierno de Ricardo Lagos, el país registraba un superávit fiscal de 4,6% del PIB y una deuda pública cercana al 7% del PIB. Sin embargo, en las últimas dos décadas la trayectoria ha cambiado de forma significativa.
Las cifras son elocuentes: un incremento de US$13.000 millones en el primer gobierno de Sebastián Piñera; US$32.300 millones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet; US$32.384 millones durante el segundo gobierno de Piñera en contexto de pandemia; y cerca de US$39.000 millones en el gobierno de Gabriel Boric. La diferencia es que el aumento durante la pandemia respondió a una situación extraordinaria. Entre retiros previsionales e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se inyectaron cerca de US$75.000 millones para enfrentar la crisis sanitaria y económica.
El problema de fondo hoy es otro: el gasto público permanente ha crecido más rápido que los ingresos permanentes del Estado. Al mismo tiempo, el crecimiento potencial de la economía chilena se ha reducido a niveles cercanos al 2%, limitando la capacidad estructural de recaudación futura.
La consecuencia es conocida. Cuando los ingresos crecen menos que los gastos, el déficit se vuelve persistente y la deuda aumenta. Es el mismo principio que en cualquier hogar: si los ingresos no alcanzan, se recurre al endeudamiento.
La sostenibilidad fiscal no es un debate ideológico, sino una condición básica para la estabilidad del país. Todo gasto público se financia con impuestos que pagan los ciudadanos hoy o que deberán pagar mañana.
Y es justamente ahí donde aparece una de las mayores injusticias intertemporales de una mala gestión fiscal. El sobreendeudamiento no solo implica más deuda, sino también más intereses que compiten con recursos destinados a salud, educación, seguridad y protección social. En la práctica, esto significa que las futuras generaciones enfrentarán un Estado con menor capacidad de gasto, menos prestaciones sociales y más restricciones presupuestarias.
Por lo tanto, la responsabilidad fiscal no es solo una exigencia técnica. Es también un compromiso ético con quienes heredarán las decisiones económicas que se toman hoy.
En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.
