La diputada Ximena Naranjo solicitó al Gobierno otorgar máxima urgencia al proyecto de ley presentado por la bancada de la UDI que propone rebajar la edad de responsabilidad penal a 13 años y permitir que los mayores de 16 años que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social puedan ser sancionados bajo el régimen aplicable a los adultos.
La parlamentaria vinculó la discusión con el homicidio de un niño de 12 años ocurrido la semana pasada en San Bernardo, hecho en el que participaron principalmente menores de edad que habían robado el vehículo en el que viajaba la víctima junto a su familia. Según Naranjo, este caso evidencia la necesidad de revisar la normativa vigente.
La diputada recordó que la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República acelerar la tramitación de esta iniciativa. Argumentó que el objetivo es enfrentar el aumento de menores involucrados en delitos graves y de alta connotación social.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público citadas por la parlamentaria, en 2022 se registraron 4.158 menores vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales; en 2023 la cifra aumentó a 4.675 y en 2024 llegó a 4.966 casos.
Naranjo valoró que el Gobierno haya manifestado disposición a estudiar una eventual reducción de la edad de responsabilidad penal. “Es momento de pasar del diagnóstico a la acción y abrir una discusión seria sobre cómo enfrentamos la utilización de menores por parte del crimen organizado”, señaló.
ESCENARIO
La diputada agregó que, a su juicio, el escenario actual difiere del de décadas anteriores. “Hoy Chile enfrenta una realidad completamente distinta a la de hace una o dos décadas. Las bandas criminales están utilizando a menores de edad porque conocen las debilidades de nuestro sistema y saben que las consecuencias penales son mucho menores. No podemos seguir enfrentando esta amenaza con una legislación que quedó desactualizada frente al nivel de violencia que vivimos”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que abordar este tema también implica evitar el reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictuales. “Proteger a los niños también significa impedir que sean reclutados por organizaciones criminales y garantizar que quienes cometen delitos graves enfrenten sanciones proporcionales. La reinserción es importante, pero la seguridad de las familias chilenas también debe ser una prioridad”, indicó.
