El caso de Juan Pablo Sepúlveda en SERVIU Tarapacá | Por: Rodrigo A. Longa T.

Un oficio de la Contraloría Regional de Tarapacá acreditó que Juan Pablo Sepúlveda Rosso apareció en registros de una presentación musical en Iquique mientras se encontraba con licencia médica de reposo total. Pese a ello, el sumario administrativo no avanzó: el fiscal se inhabilitó sin iniciar diligencias y, meses después, aún se esperaba la designación de un nuevo investigador. En paralelo, un decreto de marzo de 2026 lo mantuvo como segundo subrogante del director regional del SERVIU.

La Contraloría Regional de Tarapacá confirmó que el entonces directivo del SERVIU, Juan Pablo Sepúlveda Rosso, apareció en imágenes y registros de redes sociales participando en un evento musical en el bar Jardín del Jolgorio de Iquique, mientras se encontraba con licencia médica tipo 1, es decir, con reposo total. Según el oficio, el episodio denunciado ocurrió el 29 de marzo de 2024, dentro del primer período de licencia médica cursado por el funcionario.

El documento detalla que Sepúlveda Rosso mantuvo licencias entre el 21 de marzo y el 10 de abril, y entre el 16 de abril y el 3 de mayo de 2024. En ese contexto, Contraloría revisó antecedentes y constató publicaciones de la cuenta @mr_mustard_band, donde se le observa formando parte de una presentación musical en el local nocturno iquiqueño, en circunstancias en que debía cumplir el reposo indicado por su licencia.

El propio oficio recuerda que el incumplimiento del reposo prescrito puede derivar en el rechazo o invalidación de la licencia médica y que, si se verifica una vulneración a esa normativa, el servicio respectivo debe informar al organismo de salud competente e instruir un sumario administrativo para establecer responsabilidades.

Eso último, sin embargo, no ocurrió de manera efectiva. Aunque el entonces director del SERVIU dispuso en mayo de 2024 la apertura de un sumario por eventual responsabilidad administrativa, Contraloría estableció que no se evidenció que el hecho hubiera sido denunciado a la institución de salud competente. Más aún, el fiscal designado se inhabilitó por mantener dependencia jerárquica con el inculpado, no inició diligencias y solicitó el cambio de fiscal, dejando el procedimiento en punto muerto.

A marzo de 2025, la directora subrogante del servicio había debido remitir los antecedentes a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo para que se designara un nuevo fiscal que continuara con la investigación. Por esa razón, la Contraloría se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la eventual responsabilidad administrativa, aunque ordenó que el SERVIU acreditara, en un plazo de 60 días hábiles, haber informado el caso al organismo de salud competente, haber designado un nuevo fiscal y haber afinado el procedimiento disciplinario. La observación fue clasificada como “compleja”.

El oficio también revisó una segunda denuncia, relativa a un eventual acceso indebido del funcionario a plataformas de la Contraloría General por su condición de exfuncionario. Sobre ese punto, el organismo fiscalizador fue categórico: tras revisar sus sistemas, concluyó que Sepúlveda Rosso solo contaba con perfil de agente externo, por lo que esa parte de la denuncia fue desestimada.

El SERVIU Tarapacá, además, enfrenta una de las crisis más severas de los últimos años, con pérdidas y riesgos patrimoniales que ya superan los $5.190 millones bajo la administración de Juan Pablo Sepúlveda Rosso. Condenas judiciales, auditorías con hallazgos de graves falencias de fiscalización, pagos improcedentes, omisión de multas contractuales y millonarias deudas por servicios básicos configuran un escenario que no solo compromete recursos públicos, sino también la capacidad del servicio para responder a la urgencia habitacional de la región. Más que hechos aislados, los antecedentes dibujan un cuadro de descontrol administrativo y debilitamiento institucional que hoy mantiene al organismo al borde del colapso.

Pese a la controversia y al sumario inconcluso, un decreto exento fechado el 24 de marzo de 2026 estableció un nuevo orden de subrogación en el SERVIU Tarapacá, dejando a Ana María Vargas Vásquez como primera subrogante y a Juan Pablo Sepúlveda Rosso como segundo subrogante del cargo de director regional, a contar del 23 de marzo de ese año.

La pregunta de fondo no es solo cómo un funcionario puede aparecer sobre un escenario mientras debía cumplir reposo total, ni cómo, bajo su administración, el SERVIU acumuló pérdidas millonarias y una gestión severamente cuestionada. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: cómo un caso que la propia Contraloría dio por acreditado en sus hechos esenciales terminó entrampado en un sumario que no avanzó, sin denuncia oportuna al organismo de salud competente y sin una resolución pública conocida sobre eventuales responsabilidades. Más inquietante aún es que, en medio de ese escenario, el mismo nombre siguiera integrando la línea de subrogación de un servicio público. Porque cuando una investigación se paraliza, las responsabilidades se diluyen y no ocurre nada, la señal que recibe la ciudadanía es demoledora: en el Estado puede haber hechos acreditados, documentos oficiales y antecedentes suficientes, pero las consecuencias no siempre llegan.

En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.