El detector de promesas imposibles | Por Agustín Rendic

Venimos saliendo de cuatro años complejos, en mi opinión uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. Fueron años llenos de discursos grandilocuentes, cargados de retórica y dialéctica rimbombante; discursos poéticos que emocionaban a muchos ingenuos, palabrerías llenas de emotividad y sentimentalismos, con soluciones aparentemente sencillas para problemas complejos. Lo positivo es que muchos utilizamos una herramienta intelectual que nos permitió distinguir entre propuestas viables y simples ilusiones emotivas y populistas. Esa herramienta es la lógica de la acción humana.

Cada vez que un político promete algo, conviene hacerse una pregunta básica: ¿esa promesa respeta las leyes fundamentales de la conducta humana y la escasez de recursos? Tomemos un ejemplo frecuente: la promesa de crear cientos de miles de empleos bien remunerados sin que aumenten los costos para las empresas ni exista un incremento equivalente en productividad. Un empleo es un intercambio voluntario entre dos partes: el trabajador ofrece su tiempo y habilidades, mientras el empleador ofrece una remuneración. Para que ese salario sea elevado, alguien debe generar el valor económico que permita pagarlo.

Cuando una propuesta promete resultados sin explicar quién producirá los recursos que los financian, estamos frente a un problema. Por ejemplo, plantear un aumento desproporcionado del salario mínimo por ley, sin respaldo en productividad, en vez de favorecer a los más pobres —es decir, a los cesantes, que más pobres que tener un ingreso de $0 mensual— los perjudica, porque se les hace más difícil encontrar empleo debido al aumento de los costos laborales.

La economía puede ser compleja, pero existe una realidad ineludible: los recursos son escasos y alguien debe producirlos antes de distribuirlos. Otro principio útil es observar las acciones más que las palabras. Las personas suelen revelar sus verdaderas preferencias a través de sus decisiones concretas y no mediante declaraciones públicas. Una empresa puede afirmar que promueve el equilibrio entre vida personal y trabajo, pero si castiga informalmente a quienes respetan sus horarios o se desconectan los fines de semana, sus acciones revelan otra prioridad. Del mismo modo, un político puede exigir mayores impuestos para ciertos grupos mientras utiliza todas las herramientas legales disponibles para reducir su propia carga tributaria. En ambos casos, las acciones entregan más información que los discursos.

La misma lógica sirve para analizar políticas públicas mediante el estudio de sus consecuencias no deseadas. Toda decisión genera efectos directos, pero también efectos secundarios que muchas veces pasan inadvertidos. Si un gobierno subsidia el precio de un producto para ayudar a determinados grupos, la intención puede ser positiva. Sin embargo, una reducción artificial del precio suele aumentar la demanda, generar presiones sobre la oferta y obligar a financiar el beneficio mediante impuestos, deuda o emisión monetaria. El resultado final puede diferir bastante de la intención original.

Por eso es importante recordar una de las lecciones económicas más antiguas: “no existe el almuerzo gratis”. Cada vez que escuchamos que algo será gratuito —como suele anunciarse en la promoción de algún espectáculo municipal— la pregunta correcta no es “¿cuánto costará?”, sino “¿quién pagará la cuenta?”. La educación, la salud, el transporte, un espectáculo municipal o cualquier otro servicio requieren trabajadores, infraestructura y recursos materiales. Nada aparece por generación espontánea. Cuando el Estado financia un beneficio, los recursos provienen de impuestos presentes, deuda futura o una combinación de ambos. Comprender esto no obliga a rechazar una política pública, pero sí exige honestidad respecto de sus costos y de quién los asume.

Otro concepto útil es la preferencia temporal: la tendencia natural de las personas a valorar más los bienes presentes que los futuros. Este principio explica por qué existen los intereses, el ahorro y la inversión. Cuando alguien mantiene deudas con tasas elevadas mientras conserva recursos inmovilizados con rentabilidades muy bajas, está revelando una preferencia por el consumo inmediato. No se trata de emitir juicios morales, sino de comprender los incentivos y consecuencias de nuestras decisiones financieras.

Finalmente, existe una lección aplicable tanto a los gobiernos como a la vida personal: la importancia de los precios como transmisores de información. Los precios reflejan escasez relativa, preferencias y costos de oportunidad. Ignorarlos es renunciar a una de las señales más valiosas que posee una economía para coordinar decisiones. Del mismo modo, una persona que no registra sus ingresos y gastos pierde información esencial para evaluar si está utilizando sus recursos de manera eficiente.

Todas estas herramientas comparten una misma raíz: analizar la realidad a partir de la acción humana y de las restricciones que impone la escasez. Una vez internalizado este método, se transforma en una forma de pensar que permite evaluar promesas políticas, proyectos económicos y decisiones personales con mayor claridad. En una época saturada de consignas y eslóganes, quizás la mejor defensa del ciudadano sea precisamente esa: desarrollar la capacidad de preguntar quién paga, quién produce, cuáles serán las consecuencias y qué incentivos están realmente en juego. Porque muchas veces la diferencia entre una buena política y una mala política llena de retórica, poesía y emotividad no está en sus intenciones, sino en su capacidad para comprender cómo actúan las personas en el mundo real.

En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.