Informe de Contraloría golpea al CORE de Tarapacá por omisiones y posibles conflictos de interés

Rodrigo A. Longa T.

El organismo fiscalizador concluyó que cuatro consejeros regionales incumplieron o no presentaron su Declaración de Intereses y Patrimonio, y además advirtió situaciones que exigían deber de abstención por vínculos laborales o familiares con entidades involucradas en votaciones y materias conocidas por el Consejo Regional.

La Contraloría Regional de Tarapacá instruyó al Gobierno Regional adoptar medidas para prevenir potenciales conflictos de interés entre los consejeros regionales, luego de corroborar omisiones en las Declaraciones de Intereses y Patrimonio y detectar participación en asuntos donde existían vínculos que podían afectar la imparcialidad de quienes intervinieron.

De acuerdo con el oficio emitido por el organismo de control, la revisión se originó a partir de una denuncia por eventuales faltas a la probidad de cuatro integrantes del Consejo Regional, quienes no se habrían abstenido de votar o participar en materias vinculadas a instituciones con las que mantenían relaciones laborales o lazos familiares. También se indagó una denuncia relativa a una eventual intervención en la contratación del hijo de una consejera regional en la Corporación Tarapacá.

En su análisis, Contraloría estableció que los consejeros regionales Lautaro Lobos Lara, Hugo Estica Esteban y Giovanna Trincado Avilés sí presentaron sus declaraciones, pero omitieron informar actividades laborales remuneradas que desempeñaban al momento de asumir o en el período exigido por la ley. En tanto, respecto de Anally Ferreira Herrera, el organismo indicó que no registraba Declaración de Intereses y Patrimonio, pese a ser una obligación legal para el cargo.

El documento precisa que Lobos se desempeñaba en la Municipalidad de Iquique, Estica en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte y Trincado en la Municipalidad de Alto Hospicio. En el caso de Ferreira, la denuncia también hacía referencia a su vínculo familiar con el alcalde de Alto Hospicio, al ser hija de la autoridad comunal.

A juicio de Contraloría, estas omisiones constituyen un incumplimiento a la Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, por lo que remitió copia del oficio al Departamento de Evolución Patrimonial y Declaraciones del propio organismo para los efectos que correspondan.

Junto con ello, el ente fiscalizador revisó distintas materias aprobadas o conocidas por el Consejo Regional durante 2025 y detectó la participación de consejeros en asuntos donde existían antecedentes de potencial conflicto de interés. Entre ellos aparecen la reposición de buses para la Municipalidad de Iquique, la adquisición de buses de acercamiento para funcionarios de salud de Pozo Almonte, la concesión gratuita de un terreno a la Municipalidad de Alto Hospicio y una sesión de comisión sobre la situación social de la toma de Alto Hospicio.

Según el oficio, en esos casos participaron consejeros que mantenían vínculos con las entidades involucradas o con sus autoridades, ya fuera por relaciones laborales directas o por parentesco. Si bien Contraloría señala que el eventual pronunciamiento sobre una infracción al principio de probidad administrativa en este tipo de actuaciones corresponde al Tribunal Electoral Regional, remarca que el deber de abstención debe observarse incluso cuando el conflicto de interés sea solo potencial.

En esa línea, el organismo concluyó que el Gobierno Regional de Tarapacá deberá adoptar medidas para que, en lo sucesivo, los consejeros regionales se abstengan de participar en el examen, estudio o resolución de asuntos en que existan circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad con la que deben actuar.

Respecto de la denuncia por una eventual intervención de la consejera Giovanna Trincado Avilés en la contratación de su hijo, Andro Silva Trincado, en la Corporación Regional de Desarrollo de Tarapacá, Contraloría descartó que existieran antecedentes suficientes para sostener esa acusación. El oficio consigna que el trabajador fue contratado directamente en mayo de 2025 para desempeñarse como gestor territorial en un programa financiado con recursos privados de la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca, por lo que no se verificó uso de recursos públicos ni elementos que acreditaran influencia indebida desde el cargo de consejera regional.

En sus conclusiones, Contraloría calificó las observaciones como complejas, una categoría que —según el propio documento— corresponde a situaciones que afectan procesos críticos de la entidad fiscalizada, evidencian debilidades graves de control o podrían dar lugar a procedimientos disciplinarios. Por ello, las acciones correctivas que deba implementar el Gobierno Regional quedarán sujetas a seguimiento por parte del organismo de control.