“La libertad, si significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”. George Orwell.
Hay autoridades que parecen sentirse cómodas con la prensa mientras las preguntas sean amables, las publicaciones reproduzcan sus comunicados y los periodistas se limiten a amplificar fotografías, ceremonias y cifras favorables. El problema aparece cuando el medio pregunta, contrasta, fiscaliza o simplemente necesita una respuesta bajo condiciones distintas a las impuestas por la autoridad.
Eso fue lo que ocurrió esta semana con el equipo de la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal. A través de su jefe de gabinete, se comunicó que las entrevistas con la delegada no podían realizarse por escrito ni por teléfono. La única alternativa aceptada serían entrevistas presenciales, ya fuera en Pozo Almonte o incluso en Colchane.
La explicación resulta todavía más preocupante: una pregunta enviada por escrito sería considerada “poco seria” o “indigna” de la autoridad, a quien se le debe solicitar “audiencia”, cual reinado independiente del Tamarugal, como si en lugar de temas de Estado se tratara de asuntos palaciegos o cortesanos.
La afirmación no solo desconoce cómo funciona el periodismo moderno, sino que representa una mirada equivocada sobre la relación que debe existir entre una autoridad pública y los medios de comunicación. Las preguntas escritas no son menos serias; por el contrario, permiten precisar antecedentes, evitar interpretaciones erróneas, dejar constancia de lo consultado y entregar a la autoridad la oportunidad de responder con información verificable en un tiempo prudente sobre temas y cifras que debiera manejar al dedillo.
Tampoco una entrevista telefónica carece de legitimidad. Ministros, parlamentarios, alcaldes, autoridades nacionales y representantes de instituciones públicas responden habitualmente por teléfono, videollamada, mensajes de audio o correo electrónico. No porque el periodismo haya perdido rigurosidad, sino porque las comunicaciones evolucionaron y porque tanto autoridades como periodistas trabajan con tiempos limitados. ¿Qué los limita? En un medio escrito tradicional, la edición y el proceso de impresión; en los radiales, los espacios acotados de los programas; en los medios digitales, la inmediatez de la noticia.
Pretender que un medio de Iquique deba trasladar necesariamente a un periodista hasta Pozo Almonte o Colchane para realizar una consulta que podría responderse por teléfono significa imponer una barrera innecesaria, buscando obstaculizar la presencia frente a los medios de una autoridad con poca capacidad comunicacional, podríamos intuir. Actualmente no todos los medios cuentan con vehículos, viáticos, conductores o equipos suficientes para recorrer largas distancias cada vez que una autoridad decide hablar. Menos aún cuando las redacciones regionales trabajan con dotaciones reducidas, múltiples coberturas en una misma jornada y horarios de cierre que no pueden modificarse por el capricho comunicacional de una autoridad o de un servicio.
Esto no significa que las autoridades deban permanecer disponibles las 24 horas ni responder de inmediato cada pregunta. Significa algo mucho más sencillo: deben existir canales razonables, accesibles y profesionales para atender las consultas periodísticas.
La comunicación pública no puede transformarse en una carrera de obstáculos.
Lo más delicado es que esta actitud parece acompañarse de una segunda confusión: creer que los medios de comunicación deben desempeñarse como relacionadores públicos de los servicios del Estado. Esa expectativa suele aparecer cuando desde una institución se envían comunicados esperando su publicación íntegra, se ofrecen actividades sin espacio para preguntas o se considera “negativo” que un periodista busque una mirada distinta a la versión oficial.
Pero un periodista no trabaja para la autoridad. Tampoco trabaja para el jefe de gabinete, para el encargado de comunicaciones ni para proteger la imagen de un servicio. Trabaja para sus lectores, auditores o televidentes. Su responsabilidad es preguntar lo que la ciudadanía necesita conocer, incluso cuando la respuesta pueda resultar incómoda.
Los equipos de comunicaciones del Estado cumplen una tarea legítima e importante: informar las acciones institucionales, facilitar el acceso a las autoridades, entregar antecedentes verificables y coordinar respuestas. Sin embargo, esa labor no les concede el derecho de determinar qué preguntas son suficientemente serias, qué formato debe utilizar un periodista o bajo qué condiciones un medio puede ejercer su trabajo.
Facilitar no es controlar. Informar no es hacer propaganda. Y relacionarse profesionalmente con la prensa no significa esperar obediencia editorial.
Una adecuada relación entre los servicios públicos y los medios debe comenzar por el respeto mutuo. El periodista tiene la obligación de formular preguntas claras, identificarse, respetar los plazos razonables y reproducir correctamente las respuestas. La institución, por su parte, debe ofrecer distintos canales de comunicación, responder dentro de tiempos compatibles con el trabajo periodístico y comprender que las preguntas críticas no constituyen ataques personales.
También debe garantizarse un trato igualitario. No corresponde privilegiar únicamente a los medios que publican comunicados sin cuestionamientos ni dificultar el acceso a aquellos que investigan, contrastan antecedentes o formulan preguntas incómodas. La información pública no puede convertirse en un premio destinado a quienes ofrecen una cobertura favorable.
El Tamarugal es una provincia extensa, con comunidades alejadas y problemas que pocas veces consiguen instalarse en la agenda nacional. Precisamente por eso, sus autoridades deberían valorar a los medios regionales que destinan tiempo, personal y recursos para informar sobre lo que ocurre en sus comunas.
Cada entrevista rechazada, cada pregunta ignorada y cada exigencia desproporcionada reduce la posibilidad de que los habitantes de la provincia conozcan lo que hacen quienes ejercen funciones públicas en su nombre.
No se perjudica únicamente al periodista que no pudo obtener una declaración. Se perjudica al vecino de Pozo Almonte, al habitante de Colchane, al trabajador de Huara, a las comunidades del interior y a toda persona que espera respuestas sobre seguridad, migración, inversión, caminos, salud o servicios públicos, a quienes las autoridades deben responder mediante un canal que son los medios de comunicación.
Las autoridades no eligen las preguntas, del mismo modo que los periodistas no eligen las respuestas. Esa tensión es parte natural de una democracia sana.
La prensa no está para trasladarse cientos de kilómetros solo para satisfacer una preferencia personal cuando existen medios tecnológicos capaces de facilitar una entrevista seria y transparente. Tampoco está para comportarse como una extensión comunicacional de una repartición pública.
Los medios no están pidiendo privilegios. Están solicitando acceso. No están pidiendo trato preferente. Están exigiendo una relación profesional.
Porque cuando una autoridad convierte el acceso a la información en un camino lleno de condiciones, el problema deja de ser entre un periodista y un servicio público. Se transforma en una barrera entre la ciudadanía y quienes tienen el deber de rendirle cuentas.
Alerta de spoiler: en la provincia del Tamarugal hay ciudadanos, no súbditos; y en los medios de comunicación existen canales informativos, no plataformas serviles al poder.
En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.
