Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
“El medio es el mensaje”. — Marshall McLuhan.
La vocería de un gobierno no es un adorno ni un apéndice estético del poder. Es una institución política. Es el lugar donde el Estado explica, ordena, prioriza y da sentido a sus decisiones frente a la ciudadanía. Por eso, cuando la vocería falla, no se daña solo la imagen de una ministra: se debilita la capacidad del gobierno para gobernar.
Eso es lo que empieza a mostrar el gobierno de José Antonio Kast. No estamos frente a un error aislado, ni a una mala cuña, ni a un tropiezo menor en redes sociales. Lo que se observa es una secuencia de descoordinaciones y fallas que, juntas, dibujan un problema estructural: una vocería que no logra ordenar el mensaje, una Secom que tropieza en contenidos básicos y una bajada territorial que no está siendo capaz de informar con oportunidad ni a la ciudadanía ni, a veces, siquiera a los propios actores institucionales de las regiones. El episodio del “Estado en quiebra”, desmentido luego por el propio ministro de Hacienda; la publicación oficial de Vocería borrada por errores de ortografía; la indefinición de Mara Sedini sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, que obligó a Cancillería a salir a corregir; y el beneficio del gas anunciado sin claridad operativa suficiente, hasta que la presión de los municipios forzó precisiones, no son anécdotas separadas: son síntomas de un mismo desorden.
A ello se suma un problema territorial especialmente delicado. En Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca acusó haberse enterado por la prensa de visitas de ministros e incluso de la propia vocera. En Biobío, el primer gabinete regional se realizó sin una convocatoria abierta a los medios. Una situación similar se vivió en Tarapacá, donde dos ministros y un subsecretario visitaron distintas comunas sin que existiera una convocatoria pública amplia. Todo ello refuerza la percepción de una estrategia comunicacional centralizada, poco transparente y débil en su despliegue regional. No basta con que una actividad exista en la agenda central o aparezca luego en una nota oficial: un gobierno que no comunica a tiempo en los territorios transmite centralismo, opacidad y desconsideración con la prensa regional. Y cuando eso ocurre, la vocería deja de ser puente y pasa a ser muro.
Lo más preocupante es que esta falla ocurre precisamente en un ministerio cuya misión declarada es desarrollar espacios de comunicación entre gobierno y ciudadanía, coordinar la política comunicacional del Ejecutivo y servir como órgano de información del gobierno frente a los medios. Es decir, no se trata de una tarea secundaria incumplida, sino del corazón mismo de la función institucional.
Desde la ciencia política, una buena vocería no consiste solo en “hablar bien”. Consiste en cumplir una función estratégica dentro del proceso de gobierno. La comunicación pública, bien entendida, no es propaganda: es una herramienta de política pública. La OCDE ha subrayado que una comunicación gubernamental eficaz debe estar profesionalizada, coordinada, conectada con las prioridades de gobierno, orientada a fortalecer la confianza y protegida de la improvisación y la politización excesiva. También advierte que la comunicación sirve no solo para informar, sino para mejorar políticas, servicios, transparencia y diálogo con la ciudadanía.
Por eso la vocería debe estar sentada cerca de donde se toman las decisiones. No puede limitarse a repetir minutas ajenas ni a administrar daños después del hecho. Una vocera eficaz debe conocer el contenido, la oportunidad, el contexto, los riesgos y el lenguaje político de cada tema. Debe tener acceso al debate previo, no solo al papel final. En el caso de Sedini, reportes periodísticos han descrito un esquema altamente centralizado, donde Cristián Valenzuela y Felipe Costabal fijan las ideas fuerza y la ministra no participa plenamente del análisis previo de los asuntos que luego debe explicar. Si eso es así, el problema no es solo personal: es de diseño. Una vocera sin integración real al proceso decisional termina siendo más vulnerable al error, a la evasiva y a la corrección posterior.
La teoría del agenda-setting, formulada por Maxwell McCombs y Donald Shaw, sigue siendo brutalmente vigente: los medios no le dicen a la gente qué pensar, pero sí influyen con fuerza en sobre qué pensar y cuánta importancia darle a cada asunto. Cuando un gobierno no ordena su mensaje, cuando se contradice, cuando anuncia antes de explicar o rectifica después de instalar un titular, pierde la capacidad de jerarquizar los temas y le entrega esa facultad a otros: a los medios, a la oposición, a los alcaldes molestos, a las redes sociales y al escándalo del día. En vez de conducir la agenda, queda atrapado en ella.
Eso explica por qué el caso del gas es tan revelador. No fue solo un problema técnico. Fue un error político-comunicacional de manual. Se anunció primero el beneficio, pero no quedó claro desde el comienzo ni su modalidad exacta, ni su bajada administrativa, ni el rol de los municipios, ni el calendario concreto. Después vinieron las dudas, las declaraciones cruzadas y las aclaraciones tardías. La literatura y las guías de comunicación gubernamental son claras en esto: la comunicación debe reflejar la fase real de la política pública, ser precisa, oportuna, comprensible y no omitir información relevante; incluso cuando una política aún está en planificación, ya debe haberse pensado cómo será comunicada. Cuando se hace al revés, el gobierno no administra expectativas: las fabrica sin control.
Y aquí aparece un punto central de ciencia política: la opinión pública no solo evalúa decisiones; también condiciona decisiones. Un gobierno que comunica mal empieza a decidir bajo presión de la confusión que él mismo generó. La reacción pública, la crítica mediática, la inquietud municipal, el costo legislativo o el ruido en redes obligan entonces a corregir, postergar, precisar o retroceder. En ese momento, la agenda ya no la conduce La Moneda: la conduce la crisis. Y un gobierno que gobierna reaccionando al ruido pierde autoridad, coherencia y capacidad de iniciativa.
Una buena vocería, entonces, no es la que más aparece. Es la que mejor ordena. No es la que más combate a la prensa. Es la que entiende que informar a tiempo también es gobernar. No es la que instala titulares a cualquier costo. Es la que distingue entre anuncio, propuesta, decisión e implementación. No es la que centraliza todo en un pequeño círculo de confianza. Es la que logra que el mensaje baje con claridad a ministros, subsecretarios, delegados, seremías, municipios y regiones.
Porque al final la pregunta no es si Mara Sedini habló mal una vez, o si una pieza de redes salió con faltas de ortografía, o si una visita ministerial no fue bien informada. La pregunta de fondo es otra: si el gobierno de Kast entiende que la vocería no es solo comunicación, sino conducción política. Y hasta ahora, a la luz de la evidencia acumulada, la respuesta resulta inquietante: más que conducir la conversación pública, el aparato comunicacional del gobierno parece haberla dejado a la deriva. En ese escenario, Mara Sedini no solo queda en el centro de los cuestionamientos, sino que comienza a instalarse como la figura más expuesta y, eventualmente, como la primera gran baja política de esta administración.
En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.
