En Chile, la hoja de coca se utiliza principalmente con fines medicinales y tradicionales, pero su uso y comercialización están regulados. Aunque su venta en pequeñas cantidades es común en ferias y mercados de la región de Tarapacá, su uso está normalizado en ceremonias de gobierno y, a nivel doméstico, se convierte en infusión para aliviar el dolor de estómago.
Por eso ha llamado la atención en las redes sociales la detención de una locataria de la feria de la comuna de Pica por expender hojas de coca, lo que infringe la ley de drogas. Según la información disponible, esta detención se realizó en un operativo conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Carabineros, donde al parecer se excedieron en el procedimiento al llevar esposada a una anciana como si fuera una delincuente.
Este tipo de procedimientos no es nuevo, y de vez en cuando se reportan detenciones de aymaras o quechuas por portar hojas de coca, una costumbre ancestral. Para que quede claro al SAG, se necesitan aproximadamente 150 kilos de hojas de coca para producir un kilo de cocaína (Solo hay googlear).
Costumbres
Hace unos meses, la Defensoría de Arica logró la libertad de una ciudadana boliviana formalizada por ingresar cien kilos de hojas de coca destinadas a su comercialización durante el desarrollo del carnaval realizado en enero pasado en Arica y para satisfacer prácticas culturales de pares, además de la realización de ceremonias o rituales.
El abogado Cristian Martín Castro argumentó tanto en el Juzgado de Garantía como ante el Tribunal de Alzada que el acto no era punible, ya que estaba arraigado en prácticas culturales aymaras y no debía ser considerado una actividad ilícita, según informa el diario digital Arica al Día.
Para la Defensoría Regional de Arica, estos casos representan un retroceso en el respeto, promoción y resguardo de las costumbres ancestrales de los pueblos originarios. Esta persecución carece de una perspectiva que considere y comprenda las prácticas culturales de las comunidades indígenas. “En definitiva, creemos que se trata de una mirada simplista, sin entender la cosmovisión del pueblo aymara, lo que finalmente implica una criminalización de prácticas ancestrales”, afirmó el abogado defensor Cristian Martín Castro.
