Por: Rodrigo Longa
Un total de $206 millones fue el flujo financiero manejado por el equipo de campaña del actual gobernador reelecto, José Miguel Carvajal Gallardo, según el informe de rendición del SERVICIO ELECTORAL (SERVEL)revisada por este medio. Sin embargo, el análisis revela una brecha de $74 millones entre los ingresos efectivamente declarados ($66 millones) y los gastos comprometidos y ejecutados ($140 millones).
¿Cómo se financió la diferencia?
Aunque se registran aportes bancarios y un crédito con mandato por más de $31 millones, el grueso de la campaña parece haberse sostenido mediante reembolsos esperados y recursos que no figuran claramente como aportes en efectivo. Según el análisis de este medio, la diferencia plantea interrogantes sobre el modelo financiero empleado.
Más de $84 millones en gastos rechazados por el Servel
En la revisión final de la rendición de cuentas, el SERVEL RECHAZÓ gastos por un total de $84.104.900, lo que representa más del 60% de los ingresos efectivamente declarados. El ítem más cuestionado corresponde a un pago de $75.000.000 a COMERCIALIZADORA F Y M LTDA, propiedad de FRANCO ELICIER SCIARAFFIA VIZA. Esta empresa produjo el polémico cierre de campaña realizado el domingo 20 de octubre de 2024 en Playa Brava, parrilla que incluía Fran Maira, Austin Palao, Pailita, Locomia y Los Maravillosos, cuyo volumen y eventual falta de respaldo adecuado sobre su vínculo directo con fines electorales.
A ello se suman pagos observados a otras empresas, como DGO COMUNICACIONES ($1.487.500) según actas de observación del Servel, perteneciente a DIEGO ENRIQUE ROJAS CEBALLOS. También LECRAFT SPA ($4.117.400) por “Campaña Elecciones 2024” (sin registro de propietarios), y WILLIAMS ANDRÉS COFRÉ CARMONA ($3.500.000) por “Asesorías Administrativas”, todos rechazados por inconsistencias, duplicidades o ausencia de respaldo documental. Esta situación podría generar cuestionamientos sobre los estándares de transparencia utilizados.
Publicidad radial: más de $15 millones en medios locales
La PUBLICIDAD RADIAL fue uno de los rubros más significativos, con una inversión total que superó los $15 millones, según los registros del Servel. Destaca un pago de $10.393.460, compuesto por $9,4 millones aún pendientes de pago y $952.000 ejecutados, destinado a una sola empresa. A ello se suman otros desembolsos por $833.000, $560.000 y $840.000, en contratos con distintas firmas del rubro. $2.276.140 en medios digitales. $231.884 en una conductora radial. Esta estrategia de difusión intensiva plantea cuestionamientos sobre los criterios de contratación, la proporcionalidad del gasto y su impacto real en el electorado.
Volantes, poleras y artículos promocionales: ¿una sobreinversión?
Uno de los bloques más robustos del gasto fue la producción y distribución de material promocional, con $11.619.398 destinados a volantes, jockeys y poleras impresas, a través del proveedor MARCO ANTONIO ARAYA AROS. Comparado con promedios de campañas anteriores, lo que podría configurar una sobreinversión, especialmente considerando los límites establecidos por el Servel.
Servicios administrativos y operativos
En paralelo, se registraron gastos relevantes en áreas administrativas:
- Arriendo de oficina de comando: $1.725.500 (INVERSIONES LAS DUNAS SPA)
- Asesorías administrativas: $3.500.000 (prestadas por WILLIAMS ANDRÉS COFRÉ CARMONA)
- Servicios fotográficos: $2.318.841 (prestados por ROBERTO ISAÍAS SANHUEZA RIVERA)
Estos montos, aunque propios del funcionamiento de campaña, requieren evaluación por su proporcionalidad y justificación contractual.
Logística, brigadistas y transporte: gastos que requieren mayor claridad
La campaña del gobernador José Miguel Carvajal destinó $5.318.840 al pago de brigadistas, correspondientes a un equipo de nueve personas: ARIEL MOLINA, DANNIA CAMPAÑA, ERICK GUERRERO, FERNANDO CLERY, MATÍAS BÓRQUEZ, SEBASTIÁN RÍOS, VERÓNICA SEGURA, VÍCTOR RODRÍGUEZ y ALEJANDRO BUGUEÑO. Cada uno recibió, en promedio, $600.000, lo que plantea interrogantes sobre la formalidad de sus contratos, la existencia de cotizaciones previsionales y el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.
En cuanto al combustible utilizado para el despliegue territorial, se registró un gasto de apenas $492.647, fraccionado en cuatro facturas emitidas por HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OTTH. La cifra parece reducida en relación con la magnitud de la campaña y los traslados requeridos por una región extensa como Tarapacá.
Otro ítem es el arriendo de vehículos por $3.367.000, respaldado en dos facturas (N° 402312 y 402399) emitidas por la EMPRESA CONSTRUCTORA ALTOS DE IQUIQUE LIMITADA. Llama la atención, según el informe de Servel, que el proveedor de este servicio sea una constructora, cuyos socios son HARDY ABRAHAM RIVAS JIMÉNEZ, PATRICIA INÉS BRAVO ARAYA y BORIS HENRY CASTILLO GUERRERO.
Aportes de campaña: funcionarios, candidatos y montos millonarios
Uno de los aspectos más delicados en la rendición de ingresos fue la participación de una funcionaria pública como donante. Es el caso de K.I.R, técnico de la jefatura de gabinete del gobernador, quien con un sueldo bruto mensual de $1.737.649, realizó un aporte de $4.000.000, más del doble de sus ingresos. El aporte figura como válido ante el Servel y no ha sido objetado individualmente hasta ahora, aunque su proporcionalidad genera inquietudes entre observadores del proceso.
También resalta el caso de FRANCISCO JAVIER ALCAYAGA MOTTA, candidato a concejal por Iquique en la lista G: Verdes Liberales por una Comuna Segura, quien aportó $1.000.000 a la campaña de Carvajal. Lo curioso no solo radica en el monto elevado del aporte, sino en que su propia campaña fue notoriamente austera y obtuvo solo 886 votos, insuficientes para resultar electo.
A esto se suma un grupo de personas naturales realizó aportes individuales por sobre el millón de pesos:
- LEANDRO LEIVA SAAVEDRA: $4.000.000
- FRANCISCO JORQUERA ARAYA: $2.000.000
- KAREN RIVERA: $1.500.000
- NATTALY SEGURA: $1.000.000
- APORTES NO IDENTIFICADOS (“en blanco”): $5.200.000
Esta concentración de donaciones individuales por sobre el millón de pesos, suma un total de $18.700.000.
Encuesta territorial por casi $3 millones: ¿una inversión estratégica o gasto excesivo?
Entre los gastos identificados figura una encuesta territorial contratada por $2.975.000, cuya dimensión y costo han sido objeto de análisis, a la empresa DATAREV SPA, propiedad de los hermanos VÍCTOR MANUEL DÍAZ ESCOBAR y EDITH MARCELA DÍAZ ESCOBAR, cuyo costo ascendió a $2.975.000. Si bien las encuestas pueden cumplir un rol clave en la planificación estratégica de campaña —al identificar perfiles de votantes, zonas críticas y mensajes prioritarios—, el valor de este estudio plantea interrogantes sobre su alcance real, metodología utilizada, y si su costo es coherente con los estándares de mercado en una región como Tarapacá.
Cifras clave del balance financiero
| Categoría | Monto ($ CLP) |
| Total de gastos | 140.234.461 |
| Total de ingresos declarados | 66.043.747 |
| Déficit (diferencia no cubierta) | -74.190.714 |
| Crédito con mandato | 31.418.487 |
| Reembolso solicitado al Servel | 11.045.260 |
| Evento cierre campaña (pendiente pago) | 75.000.000 |
Comparativo de gastos entre candidatos a Gobernador Regional
El análisis del gasto electoral entre los candidatos a la Gobernación Regional de Tarapacá evidencia una marcada desigualdad en el acceso a financiamiento, que impacta directamente en las condiciones de competencia democrática. Mientras el actual gobernador reelecto, José Miguel Carvajal Gallardo, declaró un gasto total de $140.234.461 y obtuvo 81.104 votos, su más cercano contendor en términos de respaldo ciudadano, Jorge Osvaldo Muñoz Oyarce, reportó apenas $10.533.048 en gastos, alcanzando 36.099 votos, más del doble que otros candidatos con presupuestos significativamente mayores.
La tabla completa refleja esta disparidad:
| Candidato | Gasto Total | Votos Obtenidos |
| José Miguel Carvajal Gallardo | $140.234.461 | 81.104 |
| Natan Olivos Núñez | $37.680.473 | 18.460 |
| Cristian Cabezas Mundaca | $32.730.435 | 13.836 |
| Patricio Andrés Quisbert Lazo | $19.564.961 | 15.793 |
| Jorge Osvaldo Muñoz Oyarce | $10.533.048 | 36.099 |
| Marco Antonio Quevedo Villegas | $3.434.133 | 10.320 |
Esta amplia brecha en el uso de recursos plantea interrogantes sobre la equidad electoral y la verdadera competitividad entre candidaturas, particularmente cuando el segundo candidato más votado ejecutó apenas una fracción del gasto del ganador. El caso subraya la urgente necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento público, los topes de gasto y la efectividad de la fiscalización del Servel, a fin de garantizar elecciones más justas y equitativas.
Excandidatos a gobernar alzan la voz: críticas a los excesos y llaman a mayor fiscalización
Ante los millonarios gastos reportados por la campaña de José Miguel Carvajal, varios de los excandidatos a la Gobernación Regional de Tarapacá reaccionaron con preocupación y firmeza, cuestionando la desigualdad en el acceso a recursos, el desbalance en la competencia y la falta de límites claros al financiamiento electoral.
-Natan Olivos (Chile Vamos) advirtió que “cuando el dinero pesa más que las ideas, la democracia pierde calidad”, y alertó sobre el riesgo de normalizar campañas donde el éxito depende del tamaño del presupuesto: “Eso es peligroso para cualquier democracia”.
Patricio Quisbert (PDG) criticó el uso de fondos públicos para espectáculos masivos que “nada tienen que ver con la difusión de ideas”, refiriéndose al evento de cierre de campaña del actual gobernador. A su juicio, es urgente una modificación normativa que priorice propuestas reales por sobre el «pan y circo» político.
Cristian Cabezas (Partido Social Cristiano) manifestó su inquietud por los “gastos exorbitantes” de ciertas candidaturas, y respaldó el rol fiscalizador del Servel, destacando la importancia de garantizar una cancha pareja: “Chile necesita campañas responsables, con foco en las propuestas y en las necesidades de la ciudadanía”.
Jorge Muñoz (Partido Republicano), por su parte, hizo un llamado al respeto institucional y al control ciudadano: “Nadie está exento de ser fiscalizado. Todos quienes ejercemos funciones públicas debemos estar disponibles para rendir cuentas con total transparencia”.
Marco Quevedo (Partido Popular) cuestionó duramente el uso de recursos públicos y la intervención institucional durante la campaña del gobernador reelecto. Afirmó que “la ley electoral fue vulnerada” al continuar con actos proselitistas durante el período de silencio político, y criticó el cierre de campaña por su alto costo y uso de servicios municipales para su limpieza. Además, advirtió sobre la normalización de manifestaciones culturales inapropiadas: “Debe prohibirse que en actos financiados por la Ley de Gasto Electoral se presenten expresiones de la narco cultura”. Finalmente, propuso separar las elecciones de Gobernador de las municipales para “salvaguardar la imparcialidad de los Gobiernos Regionales”.
Estas declaraciones coinciden en un punto central: la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, revisar las normas electorales y asegurar condiciones justas para todos los candidatos, sin importar el tamaño de sus bolsillos ni el cargo que ostenten al momento de competir.
¿Qué dirá el TRICEL?
La rendición aún considera pagos pendientes por montos millonarios, por lo que su validación definitiva dependerá de la revisión del Tribunal Calificador de Elecciones.
Respuesta política: Gobernación entrega explicaciones parciales ante cuestionamientos por rendición de campaña
Consultada por este medio, la Gobernación Regional de Tarapacá optó por entregar explicaciones técnicas sobre algunos de los gastos observados por el Servel, pero evitó referirse a los aspectos que han generado mayor debate público, como los aportes realizados por una funcionaria pública del mismo equipo de gobierno y la donación de un candidato en ejercicio, ambos puntos que han generado inquietud ciudadana y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
En cuanto a los más de $84 millones en gastos rechazados, el equipo del gobernador José Miguel Carvajal entregó aclaraciones administrativas:
- Comercializadora F y M Ltda. – $75.000.000: la factura fue ingresada fuera de plazo, pero ya habría sido adjuntada “con un día de desfase”.
- DGO Comunicaciones – $1.487.500, y LECRAFT SpA – $4.117.400: ambas observadas por el Servel debido a descripciones poco claras en las glosas de las facturas. En ambos casos, los servicios fueron pagados.
- Williams Andrés Cofré Carmona – $3.500.000: cuestionado por falta de detalle específico en el informe del profesional. También fue pagado.
Desde el equipo del gobernador indicaron que los antecedentes “ya fueron complementados con la información necesaria” y que actualmente se encuentran a la espera del pronunciamiento del TRICEL respecto a la reclamación presentada.
