El Juzgado de Garantía de Iquique dejó, este martes 21 de noviembre, sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional a la actual consejera regional y ex jefa de la Unidad de Planificación del Gobierno Regional, D.C.S.V, y a tres particulares, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco. Ilícito que habrían perpetrado en 2020, en el marco de la ejecución del programa “Alimentos para Chile”.
En la audiencia de formalización, la magistrada Tamara Muñoz Sáez acogió la medida cautelar solicitada por la fiscalía y rechazó la prisión preventiva solicitada por el querellante, por considerarla adecuada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación 120 días.
Arraigo nacional que también deberá cumplir la ex jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, M.L.L.E., imputada en calidad de cómplice de los delitos; en tanto, el empresario G.R.Z.A., deberá firmar mensual como coimputado en la causa.
En la audiencia, el Ministerio Público reformalizó a los imputados Miguel Ángel Quezada Torres, ex intendente regional; a la ex jefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo, y al otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional Jhonny Muñoz Cancino; además de los empresarios y coimputados Juan Carlos Ayala Brito, Lorena Andrea Barrientos Ramírez, Ximena Andrea Ciudad Varela, Dimitri Andrés Díaz Neira, Ricardo Alexis Percic Becerra y Jorge Ignacio Venegas López, por el delito de fraude al fisco y quienes se encuentran sometidos a medidas cautelares desde diciembre de 2022.
A comienzos de la pandemia, en el año 2020, se autorizó a la Intendencia Regional –a solicitud del entonces intendente– a disponer de $1.190.000.000 del Fondo Regional de Emergencia aprobado por el Consejo Regional, para la adquisición de cajas básicas de alimentos para repartir entre las familias más afectadas por la pandemia, en el marco del programa denominado: “Alimentos para Chile”.
Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a dichos proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de $232.000.000.
