Este jueves, en el Juzgado de Garantía de Iquique, las defensas de los imputados decidieron no discutir el sobreseimiento que habían solicitado en una audiencia previa. Además, se amplió el plazo de investigación por diez días, y se fijó la audiencia de cierre de la causa para el 5 de noviembre de 2024.
La fiscalía también anunció que está en negociaciones con las defensas en relación al ofrecimiento de salidas alternativas y procedimientos abreviados.
El abogado querellante Enzo Morales señaló: “Como único querellante particular, en representación de los habitantes de la región de Tarapacá, me sorprende que el Ministerio Público esté negociando a espaldas de los querellantes. Por ello, exijo que la fiscalía acuse y lleve a juicio oral a todos los imputados formalizados por delitos de corrupción pública. No pueden terminar con clases de ética al estilo del ex fiscal Guerra; deben ser condenados a penas ejemplares de cárcel efectiva que sirvan como precedente y advertencia para todos aquellos que actualmente manejan fondos públicos”.
En esta investigación penal se encuentran formalizados por el delito de fraude al fisco el exintendente Miguel Quezada Torres, la actual CORE, Daniela Solari Vega, Lilian Plaza Bravo, Jhonny Muñoz Cancino, María Lemus Espinoza y los empresarios Lorena Barrientos Ramírez, Gabriel Díaz Durán, Rodrigo Vega Laferte, Gunther Ziller Arjona, Dimitri Díaz Neira, Ricardo Percic Becerra, Ximena Ciudad Varela, Juan Carlos Ayala Brito y Marcelo Valenzuela Contreras.
Estos imputados están acusados de participar en una comisión concertada entre funcionarios de la Intendencia y el Gobierno Regional con empresarios para cometer actos de corrupción que causaron un perjuicio fiscal a la región de Tarapacá de $500.000.000 (quinientos millones de pesos) por sobreprecio de $10.000 por cada caja de alimento adjudicada y entregada durante la pandemia de COVID-19.
