Los integrantes del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) a nivel nacional se encuentran en alerta ante la posible pérdida de sus beneficios, los cuales les han sido asignados por Ley de la República. Abdulia Bascuñan Aravena, presidenta de la Agrupación de Usuarios PRAIS de Iquique, explicó que la encargada nacional del PRAIS MINSAL envió a todas las regiones un borrador con nuevas normas técnicas desde Santiago, las cuales, según Bascuñan, son perjudiciales y eliminan beneficios importantes.
Durante diciembre, los usuarios y usuarias del programa, que está destinado a familiares de ejecutados políticos, detenidos-desaparecidos, expresos políticos, víctimas de tortura, exonerados, exiliados y retornados, han sostenido encuentros para analizar el contenido del borrador, el cual rechazan en su totalidad. Consideran que no cumple con los objetivos de reparar el daño causado por agentes del Estado y que además elimina el beneficio de la atención de salud a los nietos. Adicionalmente, critican el corto plazo otorgado por el Gobierno para elaborar conclusiones y sugerencias.
«Nos hemos reunido para analizar y conversar sobre el borrador de las normas técnicas del PRAIS que nos quieren imponer. Lamentablemente, a nivel nacional lo hemos rechazado porque no cuenta con la reparación que necesitamos. Al contrario, nos están quitando los derechos que hemos ganado luchando, ya que en Chile, lamentablemente, los derechos se ganan luchando en la calle y no sentado en un escritorio», manifestó Bascuñan.
Añadió que, desafortunadamente, la autoridad es de Santiago y el centralismo impone un borrador «el cual no fue elaborado con las organizaciones de derechos humanos, sino por otros profesionales. Se demoraron cinco años en esto y a nosotros nos dieron solo 20 días para hacer un análisis del borrador y aprobarlo».
La molestia de las organizaciones de víctimas de la dictadura radica en que este texto no conserva los derechos que han tenido por más de 20 años. Abdulia Bascuñan explica que han solicitado, a nivel nacional, a la encargada nacional PRAIS MINSAL, María José Jorquera, un plazo más amplio (hasta el 30 de marzo) para analizar el borrador.
**¿Cuáles son los puntos de mayor discordancia?**
El mayor y más grave es la modificación de la norma técnica que elimina la transgeneracionalidad. En 2016, se calificó a la población por la Ley Valech en los Compromisos de Gestión (lista de espera) y en 2018 se amplió a toda la primera generación. Pero este año solo se incluyó a la población titular de la reparación contemplada en las leyes Valech, Rettig y Exonerados Políticos, excluyendo de la prestación de salud a todas las demás categorías de represión durante 1973-1990. Además, no contempla la transgeneracionalidad del daño a nuestras familias, medida que atenta contra los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile. El cambio en la norma técnica para las personas sobrevivientes y su núcleo familiar ha sido rechazado por los usuarios del país, porque sienten que no están considerando sus opiniones.
